Carolina María Olivera (foto), es la número tres del organigrama del PAMI, detrás del director ejecutivo Esteban Leguizamo y del subdirector Carlos Zamparolo. En febrero de este año, fue nombrada titular de la Unidad de Gestión Técnico-Operativa de la obra social; un puesto estratégico para manejar a las agencias provinciales.
Se trata de la nueva candidata oficialista, a ocupar mucho más temprano que tarde, un recuadro importante en la sección «corrupción libertaria» y en particular, en el cínico detalle del robo que se multiplica en la gestión Milei, sobre áreas que tendrían que cubrir a dos de los colectivos más vulnerables de la sociedad: abuelos y discapacitados.
A la funcionaria que está en el organismo desde 2012, que ocupó distintos cargos relacionados con recursos humanos y asesoramiento jurídico y que tuvo un ascenso meteórico durante la actual gestión; la acusan de compras millonarias en dólares sin licitación, a la firma austríaca MED-EL. Casualmente se trata de la empresa europea en la que su esposo, Ezequiel Cabrera, es jefe de administración y finanzas de la sección Latinoamérica.
MED-EL es líder mundial como proveedor de insumos para implantes cocleares y parece que fue beneficiada, con operaciones directas sobre dispositivos electrónicos, para jubilados con pérdida de su capacidad auditiva. Bajo el rótulo de «compulsa abreviada», MED-EL se quedó con cinco de los últimas seis contrataciones.
Existen filtros para que estos negociados no se realicen, el problema es que no se activan. La Ley 25.188 prohíbe que un agente intervenga en asuntos donde su cónyuge tenga participación económica directa y el Decreto 202/2017 obliga a presentar declaraciones juradas, para transparentar relaciones preexistentes de los agentes públicos.
La bomba estalló, mientras el gobierno le debe 500.000 millones de pesos a prestadores, para que les cierren las cuentas a Caputo. El incumplimiento con clínicas, farmacias y laboratorios, generó cortes de servicios para 5,4 millones de afiliados.
El cruel ajuste a los más débiles, sostiene el equilibrio de plástico de las cuentas públicas: las prestaciones cayeron un 41,3% interanual, afectando fundamentalmente el acceso a medicamentos y atención médica a la clase pasiva.
También acusan a Olivera, de haber sido beneficiada en octubre de 2025, con un crédito hipotecario del Banco Nación a tasa preferencial por 500 millones de pesos, algo así como 300 mil dólares. Sobre este último dato, audita la Oficina Anticorrupción, mientras el Nación contesta siempre con el mismo protocolo: «Todos los créditos otorgados a funcionarios, se realizaron bajo los requisitos habituales. No existieron excepciones ni beneficios especiales dentro del proceso de aprobación».
Según el Banco, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas, fueron tratados como cualquier argentino sin vivienda que llega hasta sus sucursales a buscar un préstamo para tener un techo. Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase, integrantes del directorio de YPF y diputados libertarios, se llevaron promedio 350 mil dólares por cabeza.
Parece que esa elección que suena arbitaria, solo fue una cuestión de suerte, porque 714 trabajadoes afiliados a ATE, fueron a buscar un crédito el mes pasado y el 80% de las solicitudes fueron rechazadas o se les ofrecieron montos hasta 10 veces menor que el que se llevaron en la billetera, los funcionarios públicos de la administración anarco-capitalista.
El caso Olivera volvió a mostrar, que la caja destinada a jubilados y discapacitados, sigue siendo el gran objetivo libertario. Y que la frutilla del postre, son los créditos hipotecarios del Nación.