La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986, un año después del histórico juicio a las ex Juntas Militares. La norma fijaba un plazo de 30 días para receptar las acusaciones contra los integrantes de las Fuerzas Armadas en la Justicia, por violación de los derechos humanos.
La 23.492 estableció que dos meses después, «se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiese cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política, hasta el 10 de diciembre de 1983». Sólo quedaban fuera de este marco legal, los delitos aberrantes, los casos de secuestro de recién nacidos e hijos de prisioneras políticas.
