Barreiro fue extraditado de Estados Unidos en 2007, después de haber sido capturado a 80 kilómetros al oeste de Washington; lugar al que había llegado tres años antes. Con su mujer, atendía un negocio que comercializaba artesanías en cuero y vinos. Ernesto Barreiro, el Gringo o el Nabo, había sido junto a Héctor Pedro Vergez y el general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres más siniestros de la fábrica de muerte en la que se transformó La Perla, en la provincia de Córdoba.
Los tres tienen el tristemente célebre privilegio, de ser señalados como los padres del Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A.
En el campo de concentración más importante de la provincia, Barreiro secuestró, torturó, violó, mató y desapareció a centenares de personas.
En 1987 se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba, ante los cargos de tortura y asesinato que se le imputaban. Fue arrestado y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba y cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (unos 130, entre oficiales y soldados) se amotinó, exigiendo el cese de los juicios. Entonces otras dependencias militares se sumaron a la acción, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico (en ese momento al mando del Regimiento de Infantería de San Javier, en Misiones). Así nació el primer alzamiento carapintada, en las pascuas del ’87.
Después las leyes de perdón, le regalaron de un cuarto de siglo de impunidad…
Ayer y en el marco de la 196 audiencia del megajuicio La Perla-Campo de la Ribera (en el que ya atestiguaron más de 430 personas desde el 4 de diciembre de 2012) y nada menos que buscando para hablar por primera vez en casi 40 años, el Día Internacional de los Derechos Humanos; Barreiro se transformó en el segundo militar después de Silingo y el relato de los «vuelos de la muerte», que rompió el pacto de silencio. Y como lo solicitó su abogado, sin periodistas, ni público en la sala, brindó una lista de 25 nombres de desaparecidos supuestamente sepultados en y detrás de los hornos de La Ochoa, la estancia de Menéndez dentro de los predios del campo de concentración de La Perla.
En ese mismo lugar, el pasado 21 de octubre los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, encontraron restos óseos humanos.
Barreiro dijo encabezar una “comisión” de imputados de la que también son parte los represores Luis Manzanelli, José Hugo Herrera y Héctor Romero, que dicen querer “colaborar en la investigación de la causa, para paliar el dolor de las familias de las víctimas”.
Su palabra, generó más preguntas que respuestas. Sus históricas ansias de protagonismo, no alcanzan para explicar la jugada. En Córdoba muchos creyeron que el día de la verdad llegaría, después de la muerte de Menéndez; pero el viejo jefe de Barreiro posiblemente le siga dando órdenes a los 87 años y fue uno de los autores de esta jugada de ajedrez.
No se descarta que pidan algo a cambio, si la democracia argentina quiere tener más datos sobre sus muertos.
Ahora hay que constatar la veracidad de cada dato aportado por los imputados y mientras tanto, contener las lógicas expectativas de los familiares.
No suena lógico que el viejo pacto de sangre y silencio, que juraron centenares de oficiales y suboficiales de las tres armas, se rompa porque un puñado de asesinos cordobeses, se sensibilizó por fin ante el dolor de los familiares de las víctimas. Algo hay detrás de esta maniobra, pensada, calculada, medida; por los que eran dueños de la vida y de la muerte, en el único centro clandestino de detención argentino, que como en Auschwitz, se incineraron los restos de las víctimas…