Febrero de 2012. Un año antes de su muerte, el general Jorge Rafael Videla fue tapa de “Cambio 16”. La redacción encontró en un fragmento del diálogo, un título seductor para la derecha reaccionaria disfrazada de liberal, a la que le habla al oído desde la década del ‘90. Una frase con la que el monstruo se victimizó tantas veces, como imaginario rehén de una democracia sin Justicia: “La vendetta de Kirchner contra el Ejército, seguirá mientras persista el unicato”.El diálogo transcurrió en su calabozo de Campo de Mayo, dato fundamental para entender la ira del dictador. La condena primero y la cárcel después, eran estaciones esenciales para poder dimensionar la bronca del tirano a 36 años del comienzo de su reinado.Las instituciones que lo habían humillado en el ’85, pasaron a cuidarlo a principios de los ’90 con el indulto menemista; un posgrado soñado de Obediencia debida y Punto final. Degradar y perdonar son verbos incompatibles, que no obstante pintan las distintas tonalidades a la que fue sometida la Argentina contemporánea, desde Juicio a las ex Juntas Militares hasta leyes de perdón. Para asesinos y torturadores, ese paso de la vergüenza a la impunidad en menos de una década, significó un precio bastante barato por tanta muerte.
Hasta que llegó el fatídico 2003. “Alfonsín cumplió a su manera. Menem también, a su forma, cumplió con los indultos. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década. Lo hacen con un espíritu de absoluta revancha. Nuestro peor momento llegó con los Kirchner. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota de persecución para sacar patente de corso, de malos de una película en la que no estaban”, declaró el primer dictador del Proceso.Seis años antes de estas palabras de Videla a la prensa española, exactamente el 4 de agosto de 2006, Julio Héctor Simón, ex suboficial de la Policía Federal, conocido por sus víctimas como “El Turco Julián”, fue condenado a 25 años de prisión por secuestro y tormentos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik e inhabilitación absoluta y perpetua.El torturador del centro clandestino El Olimpo, también fue considerado responsable del ocultamiento de la hija del matrimonio. Una beba de ocho meses que fue apropiada por Ceferino Landa, integrante de la estructura de inteligencia del Ejército y que recuperó su identidad en febrero de 2000.Fue la primera condena por delitos de lesa humanidad, luego de 20 años de impunidad, fruto de Obediencia debida, Punto final e Indulto. La sentencia que inició el camino, después de la anulación de las leyes de perdón.
Ahora pretenden volver a gozar de la absolución neoliberal. Familiares de represores liderados por Cecilia Pando y la madre y la hermana de Alfredo Astiz, le reclamaron a Villarruel que cumpla su promesa de campaña y libere a los condenados. Lo hicieron a través de una carta publicada por el diario La Nación, en la que dicen que presidente y vice, les fallaron.“¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por la vida de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes? ¿Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre?”, se preguntaron en el cierre del texto.También bancaron la parada con su firma, la madre de Astiz, María Elena Vázquez y su hermana Lucrecia. Graciela de la Villa, esposa de Adolfo Donda y Ana Magi la esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, el excarapintada condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en La Perla, el mayor centro clandestino de Córdoba. También aparecen la periodista tucumana Luz García Hamilton, la creadora de “Las chicas del Operativo Independencia”, denominación con la que se presentan en los juicios de lesa humanidad. María Inés Lamolla, esposa de Carlos Esteban Pla, condenado a perpetua en San Luis y Marta Ravasi, la psicóloga que diez años atrás estuvo acusada de facilitar la huida de su marido, Jorge Olivera, del Hospital Militar.Por ahora este pedido, aguarda pista detrás de las medidas de Caputo, el DNU y la Ley Omnibus. Pero siempre en la Argentina del último medio siglo, la economía de mercado fue defendida por Fuerzas Armadas fascistas. Y el pago por este trabajo, cada vez que manejaron la Casa Rosada, fue impunidad.