El 30 de junio de 2016, por decreto y amparado en la excusa de la «búsqueda de inversiones», Macri modificó la Ley de Tierras Rurales 26.737 de 2011. Cambiemos fue el pionero en la ampliación de los límites para la compra de campos, facilitando la apropiación de espejos de agua y otros recursos, por parte de ciudadanos extranjeros.
El resultado directo de esta traición a la patria, fue la construcción del «enemigo interno», la demonización del Mapuche y la creación de la RAM como «guerrilla indígena», para transformar al sur en una zona liberada. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, un año después del decreto, comprueban hasta donde estaban dispuestos a llegar en nombre de los futuros Lewis o Benetton.
Actualmente los gringos tienen 13 millones de hectáreas y en el sur cordillerano, hay zonas extranjerizadas al 50%. Buscan quedarse con más de 40. La fecha para concretar el robo, es este jueves. El Gobierno quiere aprobar la extranjerización de la tierra, en la recta final del Mundial, prendiéndole velas a Argentina finalista. Necesitan que aunque se sesione a las 10 de la mañana, todo transcurra «entre gallos y medianoche».
Un proyecto local, nunca argentino, que reponde a otro color, porque por supuesto no nació en la Rosada, sino que fue parido en la Casa Blanca. Redactado por el embajador sin cartera, Federico Sturzenegger, pero soñado a más de ocho mil kilómetros de distancia. Estados Unidos es el primer dueño de tierras rurales en el país y los «fondos buitres» quieren más.
El título con el que ingresó al Parlamento es un «caza bobos», que no representa su verdadero espíritu: «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». En realidad, se trata del mercado violando a la Nación, transformando en ilimitada su voracidad sobre el octavo país en superficie del planeta.
Para completar las necesidades de crueldad patronal del ADN del «poder real», el proyecto libertario auspicia los desalojos exprés y termina con las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Por lo tanto, contempla la expulsión automática de originarios y proteje a los incendios que terminarán con un bosque para generar un proyecto inmobiliario.
La ley libertaria está escrita con sentido de eternidad, no solo pensando que algún día ellos no van a estar, sino en la llegada de un gobierno que termine a decretazos con estas decisiones anticonstitucionales. El proyecto empioja las facultades del Estado pueda expropiar bienes privados, encogiendo los límites de “utilidad pública”, por lo tanto achica las posibilidades de expropiación ante cualquier intento de recuperación de tierras que alcancen al interés general.
Los que no creen en indemnizaciones laborales, creen en indemniaciones gerenciales. El Estado deberá indemnizar el valor de la propiedad ylas ganancias que el propietario denuncie haber perdido como consecuencia de la expropiación.
Adrián Ravier como si estuviera leyendo un bando virreinal, se animó a decir que la ley de 2011, la que solo permitía el 15% de nuestra tierra en manos de propietarios no argentinos, «criminalizó la compra de tierras, por parte de extranjeros». Una definición ridícula, para desamparar a todos nuestros activos estratégicos y convertirse en un ataque frontal contra nuestra independencia. El cartel de venta se colgará de una tranquera, pero en realidad la oferta por fin de temporada, será sobre estratégicos como gas, petróleo, litio y minerales críticos.
La norma aprobada hace 15 años, permite y regula la porción de la torta, no para que no puedan probala, sino para que no se la coman toda ellos…