Durante un operativo represivo en Bariloche, ordenado por Patricia Bullrich y ejecutado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval; un joven mapuche de 22 años, murió a causa de una herida de bala calibre 9 milímetros en su espalda. Hace ocho años, el desalojo de esas tierras ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva, terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. Cinco integrantes de la fuerza de seguridad, ingresaron unos mil metros territorio adentro de la comunidad mapuche y dispararon cerca de 130 balazos.
Ese mismo día el pueblo bonaerense de 25 de mayo, enterraba a Santiago Maldonado en su ciudad natal.
Rafael estaba desarmado, pero el relato oficial anunciado por Bullrich, habló de un enfrentamiento producto de una emboscada mapuche. El Ministerio de Seguridad se basó en un audio de WhatsApp del Oficial Principal Pablo Rubén Berra, jefe del operativo de los Albatros. El mensaje fue enviado por Berra, minutos antes que se le secuestre el teléfono celular un día después del crimen, el 26 de noviembre del 17.
La farsa macrista, terminó en 2019 con Fausto Jones Huala, condenado a pena de seis meses en suspenso por el delito del «atentado a la autoridad», cuando reconoció haberse enfrentado con piedras a los uniformados que disparaban balas de plomo. Fausto y Lautaro González Curruhuinca, bajaron el cuerpo sin vida de Rafael hasta la ruta. Los dos estaban desarmados y las pericias no encontraron restos de pólvora en sus manos. Los dos fueron absurdamente acusados de «usurpación» y «atentado a la autoridad».
Este avance colonial sobre la Patagonia comenzó el 30 de junio 2016, cuando Mauricio Macri terminó con un decreto con la Ley de Tierras sancionada en 2011. Aquella norma del segundo gobierno de Cristina, ordenaba que solo el 15% del total de tierras rurales del país, podía ser extranjerizada. Cinco años después, la excusa neoliberal fue la «búsqueda de inversiones», para ampliar los límites de la compra de campos y favorecer la apropiación de espejos de agua por parte de ciudadanos extranjeros.
A partir de esa norma, firmada siete meses después de la asunción del gobierno de Cambiemos, solo restaba expulsar a los dueños originarios de la tierra, para que el capital concentrado transforme a la Argentina, en un país invadido a través de negocios inmobiliarios.
Un editorial de La Nación, inició el lunes 30 de enero de 2017, siete meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto, una campaña al desierto mediática. «Violencia mapuche en Chubut», fue el título del relato que presentaba en sociedad a la Resistencia Ancestral Mapuche, «una agrupación formada por descendientes de etnias que pretenden recuperar tierras de sus mayores en la Argentina y Chile y formar una nación propia que se extienda en ambos lados de los Andes. La resistencia ancestral que propugna no es retórica ni discursiva, sino violenta. La RAM se siente autorizada a ejercer la fuerza para lograr sus objetivos y promete que, dentro de su territorio, ‘sólo habrá justicia ancestral’. O sea, no regirán allí las leyes argentinas ni chilenas, sino las normas consuetudinarias que esos pueblos aplicaban conforme sus tradiciones centenarias».
Por encargo del poder político, nació la creación periodística de un grupo violento con apoyo inglés, capaz de dividir el país en dos, con una capacidad de fuego ridícula, mostrada por la propia Bullrich en conferencia de prensa: hachas oxidadas, un par de cuchillos y dos celulares…
En noviembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó al prefecto Sergio Guillermo Cavia, a cinco años de prisión al ser considerado autor del «homicidio agravado» de Rafael Nahuel, en un caso de «exceso en legítima defensa». Otros cuatro colegas, Pintos, Obregón, Sosa y García, recibieron condenas de cuatro años y medio por haber sido considerados partícipes necesarios del delito.
Ocho años después, Bullrich se está comenzando a despedir del Ministerio de Seguridad, al que regresó de la mano de Milei y se prepara para jurar como senadora nacional. Una verdadera metáfora de la impunidad de la que gozan el «poder real» y todos sus empleados jerárquicos.