Agosto 22. Después que dos fiscales, a través de una acusación absurda y sobreactuada, volvieron a darle vida al viejo decreto 4161 de la “Libertadora”, la militancia comenzó a abrazar a Cristina en la puerta de su departamento en Recoleta. El pedido que encabezó la ira de Diego Luciani, solicitando 12 años de cárcel y la inhabilitación eterna para ejercer cargos públicos, en el marco de la “Causa Vialidad”; fue una decisión política con envase judicial, que tuvo una respuesta de las bases en el mismo terreno.
Durante más de tres años de audiencias, la fiscalía no pudo probar nada y en la última función, en abierta violación del principio de defensa en juicio, apuntalaron su relato con cuestiones que nunca habían sido planteadas.
La misma pena puso para el empresario Lázaro Báez y 10 años de cárcel para el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días”, tuiteó la vicepresidenta.
Agosto 23. Cristina Fernández habló por las redes, desde su despacho en el Senado. El tribunal le negó la palabra y la vicepresidenta denunció por su canal de Youtube, a los jueces y fiscales que silenciaron 100 mensajes que intercambiaron José López con “Nicky” Caputo. “En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, denunció CFK. En el Congreso y en su departamento, cientos de manifestantes dijeron presente.
En la larga espera de su regreso a casa todas las noches, a los miles que primero llegaban desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano hasta Juncal y Uruguay, se sumaron los que empezaron a recorrer centenares de kilómetros para documentar su afecto y renovar el “gracias”. La histórica morada porteña de la vicepresidenta y su familia se convirtió en una meca que todos los días multiplicaba la cantidad de fieles. Pero el barrio exclusivo, desacostumbrado a una escenografía popular, le reclamó a Cambiemos volver a la normalidad.
Una nota de El Cronista tituló: “Alquileres rescindidos, efecto CFK en Recoleta”. El nuevo aluvión zoológico generó “un malestar en la zona que afecta al mercado inmobiliario” y en “el mismo edificio en el que vive la ex mandataria, hay un departamento a la venta, que por ahora no consigue comprador”. Un par de párrafos después, quedaba al desnudo el informe oportunista, cuando el texto sinceró la realidad del inmueble desocupado: “Está en venta desde 2017, pero nunca tuvo una propuesta de compra concreta”.
El 27 de agosto, después de cinco días de “barrio tomado”, según el diagnóstico de la administración Rodríguez Larreta, la Metropolitana comenzó a criminalizar el afecto, cercando con vallas la casa de Cristina. Después, un camión anónimo depositó en pleno fin de semana un volquete repleto de piedras, buscando que los manifestantes desaten su ira contra el barrio. La administración porteña desplegó hidrantes, reprimió, detuvo militantes y filmó ilegalmente manifestantes.
Por la noche la persecución a dirigentes que intentaban llegar a Cristina. Las comunicaciones de la policía, hablaban de ir contra Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Se acercó muchísima gente y la vicepresidenta salió para corresponder a tanta gratitud: “Quiero decirles que, aunque viviera mil años nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes. Créanme que, a esta altura de mi vida, no hay nada más importante que eso”.
Setiembre 1. La vida de Cristina quedó en manos de la pistola de Fernando Sabag Montiel, que cargada con cinco balas, apareció entre la multitud y gatilló sin suerte en dos oportunidades. Los discursos de odio que inundaban los medios de comunicación del “pode real”, se convirtieron en intento de magnicidio.
El agresor fue reducido por la militancia y entregado a la Policía.
“La convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio” y anunció que declaró feriado nacional este viernes “para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”. Alberto Fernández, poco antes de la medianoche.
Los autores intelectuales del intento de magnicidio, aún gozan de la impunidad del “poder real” al que pertenecen.
Brenda Uliarte, fue atrapada tres días más tarde, luego de abandonar su casa y abordar un tren. Procesada como coautora de la tentativa de homicidio.
Con esos dos protagonistas en vidriera, el archivo comenzó a recordar. Mediados de agosto de 2022. Sabag Montiel y Brenda Uliarte tuvieron dos apariciones frente a las cámaras de los móviles de Crónica. Hicieron declaraciones demonizando a quienes cobraban planes sociales, en una oportunidad en las adyacencias de una estación de tren y en la otra, mientras aparentaban ser vendedores ambulantes en el centro porteño. En el celular de Brenda, aparecieron mensajes en los que reveló su intención de alquilar un departamento en el edificio donde vivía Cristina y se confirmó su vinculación con “Revolución Federal”.
Luego capturaron a Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los falsos vendedores de algodón de azúcar, instalados mediáticamente como “Los copitos”. Surgió en la investigación, que Carrizo manifestó que tenía conocimiento del plan, situación que se vio reforzada por otros mensajes que envió en forma posterior al hecho, en el que aseguró haber entregado un arma para concretar el asesinato de la vicepresidenta.
La banda apareció victimizándose frente a las cámaras de Telefé, denunciando persecución y amenazas.
La causa se planchó, cuando las pistas comenzaron a mostrar conexiones directas entre los agresores y terminales políticas ligadas a Cambiemos. La jueza María Eugenia Capuchetti, ligada al macrismo, es la encargada de “sentarse” sobre el expediente para que la investigación no avance.
Gerardo Milman ingresó en la historia, luego que un testigo aseguró haberlo escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Congreso de la Nación.