Con 43 senadores a favor, siete en contra y una abstención, la Cámara alta terminó con Obediencia debida, Punto final e Indulto. Una veintena de legisladores no estuvo en el recinto. El bloque de la Unión Cívica Radical se opuso a la anulación de las leyes de perdón, que había impulsado Raúl Alfonsín a fines de la década del ’80 (Obediencia Debida y Punto Final); pero brindó sus votos para alcanzar los dos tercios necesarios, para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto.
En Diputados, se aprobó nueve días antes. Salvo la abstención de menemistas y duhaldistas, el justicialismo votó en favor de la nulidad; junto con ARI, socialismo y Frepaso. La mayoría del radicalismo se abstuvo, salvo nueve diputados que votaron para terminar con las leyes exculpatorias.
Los pocos representantes de partidos provinciales que bajaron al recinto, rechazaron el proyecto de nulidad, junto a Acción por la República y la UCeDé.
En la misma sesión, por unanimidad se le otorgó rango constitucional, al convenio de la ONU de 1968, que declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Las dos normas fueron fundamentales para llevar adelante la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, durante la última dictadura.
