El superávit de plástico que el presidente muestra con orgullo, está armado con los resultados que genera su incompatibilidad con el cargo. Ese número ficticio, está basado en la confiscación de jubilaciones y pensiones, en más de 50 mil estatales expulsados del sistema, en quedarse con lo que les corresponde a las provincias, en el desmantelamiento de la ciencia y tecnología nacional y en este nuevo intento neoliberal por matar a la salud y a la educación pública.
El balance irreal es el resultado de la decisión libertaria de no gobernar, de operar como una especie de fuerza de ocupación del sistema democrático y de la República, para financiar con sus recursos, los compromisos externos y la timba financiera local. La excusa infantil que dibujaron desde el discurso de asunción para planificar la sequía, fue «no hay plata»; cuando en realidad estaban vaciando las áreas más sensibles, para cambiar el rumbo de la inversión en el modelo de país.
Milei destina a la educación abandonada, casi la mitad de los fondos que el Estado argentino invertía hace una década. Lideran los recortes a los salarios docentes, el ajuste implementado sobre el sistema universitario, la destrucción de las Becas Progresar, la desinversión en formación docente, el ataque a la Educación Técnico Profesional, los recursos digitales y la infraestructura escolar.
Pero no se trata de un asiento contable, es una degradación política del sistema. El conflicto del presidente con la educación pública, es ideológico, no económico. Minimizar uno de los ejes centrales del esquema de gobierno, en una oscura Secretaría a cargo de Pettovello, fue una declaración de principios.
La excusa que juega de causa noble, está copiada de lo que el menemismo llamaba «descentralización». Milei protege su desidia a través de un falso federalismo, para dejar cínicamente toda la responsabilidad de la educación, en las provincias empobrecidas por el propio gobierno nacional.
Desde el 10 de diciembre de 2023, los docentes perdieron 44 puntos de su sueldo. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, fue el puntapié inicial del derrumbe salarial. Según la jurisdicción y el año, el FONID representaba entre el 5 y el 15% del salario bruto.
El ajuste del presupuesto universitario durante el primer semestre de este año, fue del 33% en comparación con el mismo período de 2023.
El sistema científico y tecnológico sufre una pérdida presupuestaria del 44%, en comparación con los primeros seis meses del 23. Los recortes que estrangularon el financiamiento de becas, proyectos tecnológicos estratégicos y de investigación; cayeron sobre cuatro organismos centrales: INTA (41%), CNEA (43%), INTI (39%) y CONICET (35%).
El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, roza uno de sus mínimos históricos desde su creación hace 20 años. El presupuesto descendió un 76% en los últimos 18 meses y programas de nuevas tecnologías y articulación con el sistema productivo, directamente no tienen recursos asignados.
Actualmente, los destinatarios del Progresar perciben entre 28 mil y 35 mil pesos, lo que equivale a casi la cuarta parte de su valor real en los inicios del programa en 2014 y un 39% de pérdida de poder adquisitivo, en lo que va de la administración libertaria.
La inversión en otras becas socioeducativas y de posgrado, se redujo a la cuarta parte de lo invertido en 2023: de 618 a 156 mil millones de pesos.
El desmantelamiento de la obra pública, congeló todas los proyectos en ejecución. El presupuesto destinado a la construcción o el mejoramiento de edificios escolares, tuvo un recorte del 89% y la inversión en jardines de infantes, es la quinta parte de la que existía en 2023.
En 2023 se repartieron 415 mil dispositivos informáticos y desde el 24 hasta el presente, no se entregó ninguno.
Para lo único que el gobierno habilitó partidas, fue para la asistencia a un porcentaje mínimo de la clase media, a través de los ridículos vouchers educativos destinados a la educación privada. No solo desatiende su función ineludible de desarrollar la educación pública, sino que sostiene a la clientela de un mercado al que ya subsidia.
14 mil pesos por cabeza, para 833 mil estudiantes. Apenas un tercio de los 2,4 millones de alumnos y alumnas de escuelas privadas.
Las cifras que retratan el dolor por las heridas del sistema, son del Congreso Educativo «Imaginar y Transformar». Los que destruyen el Estado, son los mismos sicarios que a nombre de la casa matriz del imperio y las corporaciones locales; buscan terminar con el trabajo que empezó la última dictadura.
Editorial de Gustavo Campana, en LA MAÑANA de VICTOR HUGO MORALES por AM750 – Miércoles 20 de agosto de 2025