«Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre, generaría tanto odio en una elite, que tira toneladas de comida en la basura todos los días». La histórica frase de Lula, sintetiza el costo político que pagaron los gobiernos del Partido de los Trabajadores, por sacar de la pobreza a 40 millones de seres humanos. Resume el espíritu del contragolpe continental, que la derecha latinoamericana instrumentó en la segunda década del siglo XXI. El objetivo: tipificar al campo nacional y popular latinoamericano, como una gran “organización delictiva”.
Después de la irrupción de Chávez como líder continental y la nacionalización del petróleo venezolano, después del inédito pago de Brasil y Argentina al Fondo Monetario Internacional, después de la valentía del No al ALCA, después del regreso de la industria nacional, después de la decisión de terminar con los procesos de endeudamiento externo alocados en todo el cono sur, después de la creación de la UNASUR, después de Brasil como parte de los BRICS, después de la pelea con los Fondos Buitres y después de tantos presidentes parecidos a sus pueblos (Evo, Correa, Lugo, Pepe, Néstor, Cristina, Lula y Dilma, todos con Fidel armador desde la isla); llegaron los “golpes blandos” con igual capacidad de destrucción que los tradicionales.
Creación de causas judiciales y simulacros desprolijos de juicios políticos, terminaron con Manuel Celaya (Honduras 2009), Fernando Lugo (Paraguay 2012) y Dilma Rousseff (Brasil 2016).
Las desprolijidades se guardaron debajo de la alfombra y no alteraron el paisaje. El 30 de marzo de 2017, Eduardo Cunha, el padre del golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff desde la presidencia de la Cámara de Diputados, fue condenado por delitos de corrupción a 15 años y 4 meses de cárcel. El gran aliado de Cunha, en el armado mediático de la muerte de la Constitución, fue la Red Globo.
Más tarde, el lawfare que multiplicó los presos políticos en la Argentina de Macri a partir de 2016; Correa exiliado en Bélgica desde 2017; Lula preso 510 días e inhabilitado para participar de las elecciones de 2018; el Grupo de Lima bancando la ficción de Guaidó; golpe en Bolivia en 2019; Bolsonaro presidente en 2019, Cristina proscripta en 2022; el atentado contra la vida de la vicepresidenta y el intento de golpe de Estado que en enero 2023, buscó terminar con el tercer mandato de Lula.
La demonización mediática que sufrieron los líderes políticos de América latina, que no aceptaron órdenes de Washington para consolidar la condena al subdesarrollo y que enfrentaron al “poder real” local, fue el primer paso de la “guerra judicial”. Los monopolios mediáticos lograron rápidamente, que una condena televisiva sea muchísimo más fuerte que la absolución de cualquier tribunal.
El objetivo del nuevo “Plan Cóndor”, fue lograr condenas políticas o judiciales que generen la proscripción eterna de los líderes y también la de sus pueblos.
6 de septiembre de 2023. El Supremo Tribunal Federal brasileño, llegó a la conclusión, que el proceso que condenó y encarceló a Lula, se apoyó en pruebas viciadas y estuvo a cargo de una gavilla, liderada por el exjuez Sergio Moro, responsable de varios delitos. Incluso haber contado con la colaboración legal de la CIA.
En abril de 2018, cinco meses antes de las elecciones, Lula candidato presidencial, fue arrestado por orden del juez Sergio Moro. Hoy el Supremo Tribunal, dice que esta fue una medida puede ser calificada, como uno de los más grandes errores judiciales de la historia del país».
La sentencia fue «un montaje fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos cuyo objetivo era la conquista del Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarios a la ley».
Con Lula en prisión, Bolsonaro, el militar-diputado que le dedicó su voto condenatorio en el juicio político a Dilma, al torturador de la presidenta en los años ‘70, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra; le pagó el favor a Moro con el ministerio de Justicia.
El juez José Antonio Dias Toffoli, autor de este fallo del Supremo, sostiene que en su afán de acabar con Lula los responsables de Lava Jato utilizaron métodos propios de la «dictadura militar» para obtener delaciones premiadas de varios ejecutivos de la constructora Odebrecht. Debido a esa ilegalidad todas estas confesiones fueron declaradas nulas así como las consecuencias a las que dieron lugar.
En abril de 2017, Moro fue invitado por el macrismo. El juez brasileño, experto en apretar a políticos y empresarios, a los que hacía pasar por “arrepentidos”, se paseó dando conferencias por todo Buenos Aires, como una estrella de rock . Fue condecorado como un ejemplo de liderazgo institucional.
Comienza a quedar a la intemperie, a partir de la palabra de los que fueron parte del problema, la trama promiscua de jueces, fiscales, espías, dirigentes y medios de comunicación, que dedicaron años y recursos al armado de causas. Un plan que en el apogeo de su reinado, se mostró fuerte, pero que ahora comienza a mostrar como tambalea el castillo de naipes frente al juicio de la historia.
En Argentina, Milagro sigue presa y Cristina no está en la lista, Boudou y De Vido encabezan la lista de los inhabilitados para ejercer cargos públicos; mientras la Corte de Rosenkrantz y Rosatti, la injusticia que tutela Comodoro Py, la impunidad de Stornelli, Pepín prófugo y los viajes de jueces, fiscales, políticos y empresarios a la mansión de Lewis.
La filtración conocida como «Moroleaks», publicada en 2019, fue clave para que el Supremo Tribunal Federal aceptara el pedido de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para anular las pruebas obtenidas a partir de acuerdos de colaboración con directivos de la empresa Odebrecht. Cuatro años después, la sentencia del Supremo brasileño, opera como certificado de defunción de Lava Jato y empuja para lograr la destitución del actual senador Moro.