Mientras avanza el proyecto del oficialismo, que buscará la creación de una Bicameral que investigue la fuga de capitales, el próximo 17 de diciembre en el Congreso; en las últimas 24 horas, la historia sumó cuatro capítulos muy particulares.
Casi una provocación: Poco después de las 17:00 de ayer, Gabriel Martino, titular del HSBC en la Argentina, llegó a la sede del diario La Nación, para exponer en la tercera jornada del encuentro denominado, «Innovar y Arriesgar», que cuenta con el auspicio de su banco y otras importantes empresas convocadas por el matutino. El vehículo con vidrios polarizados que trasladaba al CEO, ingresó al edificio de Libertador al 100 en Vicente López, eludiendo a la prensa que esperaba una respuesta sobre las 4.040 cuentas secretas de empresas y particulares argentinos, radicada en Suiza.
El personal de seguridad del diario, se encargó de contener a los periodistas: «Es una conferencia privada, no se puede entrar».
Una hora después, Martino abandonó el lugar en su auto con vidrios oscuros y a alta velocidad.
Que el titular de una empresa acusada de ser el puente de una millonaria fuga de capitales, exponga en La Nación como si nada hubiera pasado en los últimos días, entrando y saliendo escondido en su auto y protegido por una celosa custodia, por lo menos sonó a una gran provocación…
Otra mentira: El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, desmintió haber afirmado que el delito de evasión que se investiga se encuentre prescripto, tal como curiosamente lo aseguró ayer, una nota publicada en el portal de noticias Infobae. El artículo decía que el Gobierno buscaba ahora encuadrar la denuncia, en lavado de dinero, una historia que «no prescribe».
Pero resulta que Sbatella nunca dijo lo que el medio creyó oir o deseó escuchar…
La UIF aclaró a través de un comunicado, que «no se encuentra prescripta la acción administrativa de la AFIP para determinar los impuestos evadidos, teniendo en cuenta que la prescripción del período fiscal del año 2006 opera el 31/12/2014» y suma que «los tipos penales denunciados por la AFIP previstos en la Ley Penal Tributaria, asociación ilícita y evasión agravada, prevén un plazo de prescripción de 10 y 9 años, respectivamente».
El comunicado finaliza señalando que «acciones como la que desarrollan los medios no llevan más que a crear confusión e introducir cuestiones que resultan ajenas a la investigación en marcha».
Nueva excusa: Massa aseguró que «antes de discutir una comisión» parlamentaria que investigue las cuentas no declaradas de argentinos en Suiza, «sería bueno que discutamos el Código Procesal Penal» y encontró la excusa para restar su apoyo a la conformación de una comisión investigadora de evasión.
En esa misma dirección su compañero de bancada Felipe Solá, consideró «innecesaria» la conformación de la Comisión: “Si quieren hacer una Comisión Investigadora que se haga. Yo creo que la AFIP tiene muchísima más información que la que puede conseguir una Comisión Investigadora”, señaló el ex gobernador bonaerense.
Los hombres del Frente Renovador quieren que la AFIP presente una tonelada de expedientes en la Justicia y esperemos el fallo. Una comisión bicamerial, tendría la posibilidad de citar a declarar al Congreso, a cada uno de los involucrados. Habría cámaras y micrófonos, conoceríamos las caras de personajes misteriosos; ya no podrían ocultarse. Sería demasiado…
¿Qué se puede hacer con 60 mil millones de pesos? Cristina ayer imaginó, que en materia de políticas de Salud, con el dinero evadido, “se podrían pagar, 27 años de todo el programa nacional de vacunación, aseguró que podrían costearse 70 años de tratamiento para los 42.000 pacientes con VIH a los que el Estado nacional le brinda gratuitamente los medicamentos o construir 200 hospitales de 140 camas, equipados con tecnología de última generación, a un costo de 300 millones de pesos cada uno”.
La presidenta continuó trazando equivalencias entre Salud y la evasión millonaria y planteó que con esos dólares, se podrían bancar “20 años de cobertura completa de Calendario Nacional de Vacunación, de chicos y adultos y adquirirse 120.000 ambulancias equipadas para terapia intensiva y otras 150.000 para traslado de pacientes”.
También sostuvo que “sería posible financiar 120.000 trasplantes de médula ósea en hospitales públicos y unas 300.000 cirugías cardíacas para corregir malformaciones congénitas, en niños menores de 5 años”.
Calculó que esos 60 mil millones de pesos, “alcanzarían para asegurar la provisión de leche en polvo que distribuye el Ministerio de Salud a las provincias, durante 50 años y podrían entregarse más de 226 millones de anteojos y más de 174 millones de prótesis odontológicas en poblaciones vulnerables del país”.
Mientras avanza el proyecto del oficialismo, que buscará la creación de una Bicameral que investigue la fuga de capitales, el próximo 17 de diciembre en el Congreso, en las últimas 24 horas, la historia sumó cuatro capítulos muy particulares: Una provocación, otra mentira, una nueva excusa y qué se puede hacer con 60 mil millones de pesos.