Después de sembrar durante gran parte del año, centenares de títulos económicos destituyentes, la prensa opositora esperó cosechar una agenda mediática repleta de fantasmas, para terminar a toda orquesta el último mes de 2014. Al servicio de la campaña electoral que ya se puso en marcha, tenían listo un menú encabezado por dólar ilegal, fuga de divisas, devaluación, buitres e inflación. Pero los pronósticos, no fueron funcionales a las viejas ilusiones que nacieron con el intento de golpe de mercado de diciembre de 2013 y entonces, fue necesario poner en marcha un rápido y furioso cambio de planes.
Con esta finalidad, los medios decidieron volver a manchar una de las consignas más importantes de los 31 años de democracia y uno de los objetivos más representativos, del tiempo político que nació en 2003: Memoria, verdad y justicia.
Las tapas de la prensa hegemónica, se engancharon del revanchismo que apareció en el discurso de Macri («Conmigo se acaban los curros en derechos humanos») y del pedido de nuevas leyes de perdón, que con otras palabras lanzó Massa, desde un planteo desbordante de menemismo («Hay que cerrar la etapa de los derechos humanos»).
Las dos argentinas, la que puso los muertos y la que mandó a matar; la que renegoció la deuda externa que contrajo el neoliberalismo y la que hipotecó al país; la que se quedó sin trabajo y la que se enriqueció con la “patria financiera”…; volvieron a exponer sus argumentos en los diarios del domingo.
El editorial de La Nación, “Derechos humanos, dinero, poder y corrupción”, desnaturalizó la discusión sobre la Argentina que nació hace 38 años (matar pueblo, para poder rematar país) y redujo miles de asesinatos, desapariciones, torturas, robos de bebés y exilio, a un miserable asiento contable: “Bajo la supuesta defensa de los valores supremos del hombre, se han desviado fondos públicos y se han pagado indemnizaciones sin mínimos controles”.
Horacio Verbitsky desde Página 12, en “Solo aquí: Treinta años de juicios por crímenes de lesa humanidad”, ofreció un análisis que enmarca a los juicios, en un verdadero “patrimonio colectivo”; en un valor que forma parte del “pacto social de los argentinos”, como sentenció la Corte Suprema de Justicia.
La nota compara el silencio del reino de la impunidad, que sobre violaciones a los derechos humanos impera en Estados Unidos, Brasil, España y Uruguay; con el de los juicios que se llevaron a cabo en nuestro país.
Dice La Nación: “En la Argentina, el debate sobre derechos humanos se ha centrado en los crueles episodios de subversión y la represión consiguiente, ocurridos en los años setenta, olvidándose de que también configuran valores para la reconciliación y el esfuerzo colectivo hacia el futuro. La jerarquía superior de los derechos humanos configura el cuadro perfecto para que la política y el dinero hagan de las suyas, fuera del radar de las auditorías, las sindicaturas y los periodistas. Algo así como asaltar un banco y luego ocultarse en una Iglesia, detrás del altar mayor”.
Dijo Verbitsky: “Con los procesos terminados este año ya llega a 553 el número de personas condenadas, mientras 50 fueron absueltas. Otras 51 personas fueron sobreseídas en la etapa de instrucción y los jueces resolvieron que no había pruebas suficientes para acusar a 112 imputados. Es decir que en los casos finalizados casi el 30 por ciento de los imputados fue sobreseído, absuelto o se le dictó falta de mérito, lo que muestra la plena vigencia del derecho de defensa. El número de autores de esos crímenes fue muy superior, pero la clandestinidad de la represión, el exterminio de la mayor parte de las víctimas y la destrucción de los documentos probatorios torna imposible llegar a cada uno de ellos. La alternativa sería procesar a todos y cada uno de quienes estuvieron en actividad durante esos años en las fuerzas actuantes. Pero este criterio de responsabilidad objetiva sería incompatible con el ordenamiento democrático que la sociedad intenta construir desde 1983. Nadie entra ya condenado a los tribunales y cada acusado goza de todas las garantías que durante la dictadura fueron suprimidas por bando. La transparencia y legalidad de los procesos por crímenes de lesa humanidad es inatacable. Como sostuvo la Corte Suprema de Justicia, forman parte del contrato social de los argentinos y ningún intento de reversión tiene probabilidades de prosperar».
Sostuvo el matutino creado por Don Bartolomé, que “Los derechos humanos no son solamente un espejo retrovisor para juzgar el pasado con una perspectiva parcial y revanchista, sino que configuran una agenda de acción pública destinada a erradicar el hambre, dar vivienda digna, educar a las nuevas generaciones, asegurarles la salud, la seguridad personal, el acceso a la justicia y oportunidades de empleo genuino, sin dádivas ni clientelismo”.
Agrega que “es tan grave la responsabilidad que se atribuye al Estado por el uso abusivo de su poder en materia de lesa humanidad”, que simétricamente debería ser gravísima la sanción por desvirtuar esa potente herramienta institucional, en provecho de fines subalternos. Finaliza apuntando, que “investigar eventuales desvíos no afecta ni daña los pilares de la doctrina, sino que los fortalece, evitando que el poder y el dinero los corroan, los debiliten y los destruyan”.
Subrayó Verbitsky, que “Existe una operación impulsada por las cámaras patronales y sus órganos de prensa, para que las investigaciones se ciñan a los autores materiales de los crímenes y no se extiendan a sus instigadores, cómplices y beneficiarios económicos, judiciales y eclesiásticos, como está marcado en la agenda de 2015. Ante ello, los candidatos en la campaña presidencial que se avecina deberían fijar posición con la menor ambigüedad posible, en forma personal e indudable”.
Vacíos de títulos económicos serviles a sus intereses y objetivos, las portadas del 28 de diciembre se quedaron sin el fin de año en llamas, que tanto deseaban. Y ahora vuelven a apuntarle a los juicios. Tienen en la mira como siempre, a memoria, verdad y justicia. Los tres espejos de la historia, que le devuelven a la derecha, su peor imagen…
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