El 3 de noviembre de 1995, 7 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas, cuando voló en pedazos la Fábrica Militar de Río Tercero. Varios barrios de esa localidad cordobesa, quedaron destrozados, decenas de casas se transformaron en ruinas y centenares de hogares fueron seriamente dañados. La ciudad quedó regada de esquirlas y municiones de guerra.
Pocas horas después de la explosión, Carlos Menem llegó al lugar y declaró en conferencia de prensa, que se había tratado de un accidente; instando al periodismo de aquí, de allá y todas partes, a no hablar de atentado, ni de nada que se le parezca…
Ayer, después de casi 20 años de pelea judicial, luego de amenazas, muertes dudosas y supuestos suicidios de testigos, los ex militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Gatto (un militar que reivindica públicamente el Operativo Independencia y que se jacta de haber combatido a la subversión), fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba. Penas de entre 10 y 13 años, por el delito de estrago doloso.
Durante los cuatro meses que duró el juicio, quedó demostrado que aquella mañana el incendio se inició “de manera intencional, programada y organizada”; con el objetivo de ocultar la falta de proyectiles y municiones que tenía el Ejército a raíz de la venta ilegal de armas a Croacia (cinco envíos en barco por 34 millones de dólares) y Ecuador (país en guerra con Perú, conflicto en el que Argentina era uno de los garantes de paz como integrante del Tratado de Río de Janeiro).
Primero el gobierno argentino, indicó que el “accidente” había sido provocado por la defectuosa manipulación de explosivos de tres soldados. Y cuando fueron a buscarlos, no existían conscriptos con esos nombres…
Fabricaciones Militares fue uno de los organismos que desde el primer día, se encargó de embarrar el expediente para empantanar la causa, adulterando con aluminio el trotyl que debía ser analizado, buscando impedir que se pueda determinar si se había tratado o no de un accidente.
Los primeros peritajes fueron hechos por los mismos técnicos de Gendarmería y la Policía Federal que actuaron en los casos Embajada de Israel, AMIA y en la caída del helicóptero cuando murió Carlos Menem Junior. Según sus informes, el incendio había sido provocado primero por un cigarrillo, luego por el “efecto lupa” y finalmente por una chispa del montacarga. Recién en el 2003, los ingenieros Sicilia, Yorio, Zanoni y Rodríguez, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos.
Pero en el juicio, a pesar de la contundencia de otras pruebas ligadas directamente a los daños que provocó la voladura de la unidad, el peritaje contable fue clave, para comprobar cómo dibujaron el registro con el fin de ocultar el contrabando de armas.
Los fundamentos de la sentencia, que terminó de desnudar uno de los casos de corrupción más emblemáticos del gobierno menemista, serán dados a conocer el 27 de febrero de 2015, por los jueces Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón.
Una causa que tuvo un único motor hace 19 años, una mujer que en soledad peleó hasta su muerte hace tres años: Ana Gritti. Su esposo, el profesor Francisco Hoder, fue una de las víctimas fatales que dejó su explosión. Sus hijas, María Eugenia y María Julia, fueron las que recogieron su bandera y siguieron combatiendo en esta batalla tan desigual.
Pasaron casi dos décadas y los periodistas cordobeses que cubrieron la tragedia del 3 de noviembre de 1995, todavía cuentan que en alguna de las bases de la Fuerza Aérea en Córdoba, un Hércules procedente desde Buenos Aires con mil ataúdes a bordo, pidió pista para aterrizar. Parece que este era el número de muertos, que imaginaron los que con la explosión buscaban ocultar el tráfico ilegal de armas…