18 de julio de 1989: Néstor Rapanelli, el segundo capítulo del Plan B&B

Inmediatamente después del triunfo electoral, Carlos Menem le entregó el poder económico a Bunge & Born. El presidente recortó las patillas de Facundo y se convirtió en el nuevo Santos Pérez de Barranca Yaco.
El gobierno presentó al Plan BB, como “una inyección de dólares del capital nacional”, con pinta de salvataje. El vicepresidente ejecutivo de la empresa, Miguel Roig, como ministro de Economía y Orlando Ferreres, viceministro. El dúo asumió con el apoyo de una mesa chica, que integraban Bulgheroni, Amalia Lacroze de Fortabat y Franco Macri.


El Plan se basaba en un acuerdo urgente con los formadores de precios para terminar con la hiperinflación, un tipo de cambio único con el dólar a 650 australes, la privatización de casi todas las empresas públicas y regresar a una desregulación económica a lo Martínez de Hoz.
Los primeros beneficiarios del modelo fueron los acreedores externos, luego los exportadores y finalmente los grandes contratistas del Estado que se iban a quedar con una parte menor de la concesión del funcionamiento del país. Se pautaron 150 medidas para ser implementadas en siete años, uno más de lo que duraba el período presidencial.
Roig murió el 14 de julio, seis días después de su asunción y en la madrugada del 15 fue designado Néstor Rapanelli. Otro hombre del mismo holding tomó la posta, en una clara ratificación del proyecto inicial. En realidad, este gerente Molinos Río de la Plata y Gramoven en Venezuela, apareció luego que Juan Born rechazara el ofrecimiento de Menem. El grupo estaba de paso por la función pública, querían garantizar el golpe de timón, consolidar la tendencia y volver a casa.

Las notas periodísticas de manual que produjo su designación, le apuntaron a Daniel su hijo, docente y militante del Partido Obrero.
La alianza entre el Gobierno y la multinacional “autóctona” más importante postergó, por casi dos años, la urgencia de los centros financieros internacionales por convertirse en los titiriteros exclusivos de los siguientes seis. Cavallo, en el primer gabinete, apenas pudo ser ministro de Relaciones Exteriores, pero cuando quedó al mando de la economía (1991-1996), la derecha y las corporaciones lograron mucho más de lo soñado. Por momentos, el discurso ultraliberal del menemismo representaba al nuevo fundamentalismo conservador y, ante esa osadía, los históricos parecían moderados.

Rapanelli destrabó créditos del Banco Mundial y negoció que la entidad apoyara la privatización de servicios públicos con préstamos para financiar miles de despidos estatales. Después firmó el stand-by número 13 de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para robustecer reservas.
El saldo más importante de su cortísima participación en el Gobierno fueron el impulso de dos leyes clave para el futuro inmediato: Emergencia Económica y Reforma del Estado. Ambas le daban plenos poderes al menemismo y fueron aprobadas por el “viejo” Congreso dominado por los radicales, porque la renovación de las bancas recién se produjo en diciembre.
Pero no pudo evitar el rebrote hiperinflacionario que terminó con su breve gestión de cinco meses (18 de julio de 1989-18 de diciembre de 1989) y abandonó el Palacio de Hacienda.

En lugar de Rapanelli, juró Antonio Erman González, presidente del Banco de La Rioja 1985-1989, un contador de los viñedos Menem convertido en funcionario provincial. Sin rastros de su aplicación, salvo el paso de dos ministros de Economía por nuestra historia, el Plan BB se desvaneció luego de generar el primer gran cisma en el peronismo de los 90.
Con el ministro cuyano, apareció el Plan Bonex para secar la plaza, ante una posible corrida masiva de ahorristas.
Los mercados fueron sorprendidos con un esquema de estabilización de precios basado en el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo en el sistema financiero, en su mayor parte colocados a siete días por Bonos Externos 1989, en dólares y a 10 años de plazo. Podían cotizar en Bolsa y estaban exentos de carga impositiva. El “poder real” criticó el carácter confiscatorio de la medida, que lesionaba el sagrado derecho a la propiedad privada
(Fragmento de «Batalla inconclusa», de Gustavo Campana).