Prohibido olvidar. Kueider ingresó al Congreso de la Nación en diciembre de 2019, cuando fue electo como Senador Nacional por la provincia de Entre Ríos, integrando la boleta del Frente de Todos.
La primera mudanza de su dignidad, la concretó a fines del 22, cuando junto al correntino Espínola y la cordobesa Vigo, armaron Unidad Federal. Pocos días después, el 3 de enero de 2024, confirmó su rol como aliado extra partidario del oficialismo, cuando con la protección de Victoria Villarruel, fue designado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación.
12 de junio de 2024. El tratamiento de la Ley Bases en el Senado, generó 17 horas de debate. Este complemento del DNU 70, llamado pomposamente «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes»; significó el golpe final para que los libertarios impusieran una reforma constitucional encubierta. Una ley antidemocrática con 238 artículos, que le regaló superpoderes a Milei, entre junio de 2024 y el 8 de julio de 2025. El Topo que vino a destruir el Estado desde adentro, gracias a esta locura auspiciada fundamentalmente por el PRO y el radicalismo, tuvo la suma del poder público. La Argentina democrática, ante la necesidad del oficialismo de cerrar el debate para reinar, tuvo su costado monárquico por 392 días.
El pichón de emperador contó con facultades extraordinarias, porque el Parlamento decidió tapiar sus puertas en temas importantísimos, declarando una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Esa vergonzosa ley fue el soporte fundamental para profundizar el ajuste, aprobar el RIGI, empezar a contar con una reforma laboral regresiva y abrir un nuevo proceso de privatización de empresas del estado.
Sin el voto de Kueider, traicionando por miles de dólares a su peronismo de origen, el oficialismo hubiera sido derrotado por un voto y Victoria Villarruel no hubiera tenido la oportunidad de desempatar, el tristemente célebre 36 a 36.
Madrugada del 4 diciembre de 2024. Kueider fue detenido en un control del Puente Internacional de la Amistad. Buscaba entrar a Paraguay desde Brasil con 211.102 dólares, 646.000 guaraníes y casi cuatro millones de pesos argentinos sin declarar.
En ese momento, el senador adeudaba las declaraciones juradas de 2022 y 2023 y en la última que presentó, dijo tener solo 8 mil dólares.
9 de diciembre de 2024. El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos expulsó a Kueider. Tres días después, lo echó la Cámara alta por 60 votos a favor, seis negativos y una abstención.
Al Senado solo le costó ocho días acusarlo de corrupto, pero desde hace un año y medio, al oficialismo no le interesa saber de dónde salió el dinero que llevaba en el baúl del auto cuando buscaba esconderse en Paraguay.
Hace 48 horas, el fiscal Ysrael Villalba, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción del Paraguay, dos años y dos meses de cárcel para Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa, por tentativa de contrabando. Son investigados además, por la compra sospechosa de inmuebles (seis departamentos y seis cocheras en la capital paraguya, que ya fueron embargados).
La noticia apareció imperceptible, en los medios de comunicación que responden al «poder real». Los que se beneficiaron con la Ley Bases, le agradecen al entrerriano haberse sacrificado por ellos. Las molestias ocasionadas, están todas pagas.
Hay que entender a los operadores mediáticos del oficialismo. Después de Kueider, llovieron casos de corrupción libertaria y el pionero quedó en el olvido. El entrerriano hoy es «puesto menor» al lado de Libra, Andis, la narco política de Espert, Reidel y Nucleoeléctrica, los contratos de la mujer de Sturzenegger con cancillería, la vida loca de Adorni, los servicios de Bettina para empresas públicas y contratistas del Estado, los dólares y drogas que le encontraron al presidente de ARSAT, los que se llevaron los hipotecarios del Nación y la lista de oficialistas que se prendieron a la inocencia fiscal…
Kueider también enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito en territorio argentino. Una de ellas tramita en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro y la otra en Concordia, bajo la órbita del juez Ives Bastián. Existe una disputa entre ambos magistrados por la competencia del expediente, que deberá resolver la Corte Suprema.
Kueider era dueño de al menos el 50% de la empresa Betail S.A., una firma investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. A través de esta compañía, adquirió múltiples unidades de lujo en un edificio de la ciudad de Paraná (Entre Ríos), utilizando a allegados como presuntos testaferros. Prohibido olvidar…
Editorial de Gustavo Campana del martes 7 de julio en «La mañana de la 750» (Víctor Hugo Morales)