Néstor Kirchner derogó el decreto de Fernando De la Rúa, que disponía el rechazo de cualquier pedido de extradición de militares y cinco días después, planteó su deseo de juicios en la Argentina. En ese momento, 41 represores acusados por violaciones a los derechos humanos, eran pedidos por Baltasar Garzón al juez Canicoba Corral para ser juzgados en España, ante la vigencia de las leyes de perdón. Entre ellos estaban Bussi, Astiz, Lambruschini y Anaya y otros que estaban en prisión, como Videla, Massera, Suárez Mason y Lami Dozo.
El 1 de septiembre, Canicoba Corral dispuso la liberación de los militares detenidos, porque España finalmente no pidió la extradición; pero Videla, Massera y Suárez Mason, siguieron presos acusados de robo de bebés.
Capítulos claves, que transcurrieron a toda velocidad en el arranque del mandato de Kichner, para empezar a poner las cosas en su lugar después de mucho tiempo. Ley 25.779 para declarar insanablemente nulas las “leyes de la impunidad”: Punto Final (23.492) y Obediencia debida (23.521).
El 20 de agosto el Senado terminó con las leyes de perdón y el 1 de septiembre de 2003, la Cámara Federal porteña reabrió las causas ESMA y Ejército, basada en que el Congreso anuló las leyes de perdón. Investigaciones frenadas 16 años, tras sancionarse la Ley de Obediencia Debida. Dos días después, los fiscales pidieron detener a 41 represores de la última dictadura y el 16 de septiembre, Astiz quedó preso.
