13 de julio de 2000. Habían pasado 18 años, desde que Alejandro Olmos presentó ante la justicia el 4 abril de 1982, su denuncia sobre la deuda externa «fabricada» por la última dictadura. Un día como hoy hace 26 años, el fallo de Jorge Ballestero determinó que ese yunque, que a partir de Martínez de Hoz aumentó en seis años más de un 600%, fue «ilegal, ilegítimo y fraudulento». El juez encontró 477 ilícitos, para documentar que los créditos que comprometieron a todo el pueblo, sirvieron para solventar «negocios privados».
La investigación determinó que endeudaron a la Argentina, a través de las empresas públicas. Los organismos conseguían los dólares que no utilizaban (YPF tenía una deuda de casi 6 mil millones de dólares) y el Banco Central se encargaba del aterrizaje de los billetes en las empresas privadas. El último paso, era la fuga de divisas.
Se trató de un pronunciamento judicial único a nivel mundial, sobre la legitimidad de los préstamos soberanos, al descubrirse el crecimiento artificial de los compromisos externos.
Los máximos responsables, fueron el ministro de Economía de Videla y su número dos, Guillermo Walter Klein. Los grandes beneficiarios, los 70 grupos económicos que fueron rescatados por la estatización de la deuda externa privada: Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldati, Alpargatas, Grupo Macri y Pescarmona. Todos contrajeron deuda privada, que más tarde fue estatizada con seguros de cambio del Banco Central que presidía Cavallo.
El terrorismo de Estado, fue la primera medida que activó el plan económico de la dictadura. Rompieron a través de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el dique de contención obrero que se activó ocho meses antes con el anuncio del Rodrigazo.
Militares y civiles, entendieron que había que intervenir los sindicatos y terminar con las comisiones obreras combativas. El secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición, fueron el primer paso de la «flexibilización laboral». Disciplinar a través del miedo, para bajar salarios y condiciones de trabajo.
La represión para quebrar un aparato productivo con fábricas a tres turnos y pleno empleo, contó la complicidad de los principales referentes de los «capitanes de la industria».
Segundo paso. «Modificar la ley, para después hipotecar al país», fue la síntesis con la que Olmos explicó el plan ruinoso que nació con la Ley de Entidades Financieras del 77. Devaluación progresiva del peso, apertura indiscriminada de importaciones, industricidio y desregulación de la economía.
«La deuda externa ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976, mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante, que puso de rodillas el país a través de métodos que tendían beneficiar y sostener empresas y negocios privados, en desmedro de sociedades y empresas del Estado», que se fueron empobreciendo día a día, dato que «se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas», concluyó Ballestero en su dictamen.
Por supuesto, los responsables locales fueron mucamos de los verdaderos culpables de un fenómeno continental: «Debe recordarse que el país bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así razón a su controvertida existencia».
Hace medio siglo, los republicanos gobernaban Estados Unidos. El presidente era Gerald Ford y el vice, Nelson Rockefeller; hermano de David, titular del Chase Manhattan Bank y amigo personal de Martínez de Hoz. Esa sociedad entre la familia que fundó la Standard Oil y los padres de la Sociedad Rural, fue clave para abrir las puertas del primer proceso de devastación de la independencia económica a través de la toma alocada de deuda.
Nada mejor que uno de los reyes de la banca internacional, estimulando un proceso bautismal de revalorización financiera en la Argentina, en un momento de sobreoferta de préstamos en el mundo, generada por la multiplicación de «petrodólares» árabes depositados en entidades estadounidenses, europeas y japonesas.
«Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.
La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el 76 no podían pasar desapercibidos en autoridades del FMI que supervisaban las negociaciones económicas», dijo Ballestero en la fundamentación de su fallo.
El paso del tiempo se encargó del indulto, porque todos los delitos penales se encontraban prescriptos. Entonces Ballestero envió las actuaciones al Congreso, para que la historia guardara una condena política. Basado en las facultades constitucionales para el manejo de la deuda externa, Ballestero le pidió al Parlamento que se convierta en tribunal, para generar conciencia desde la casa del debate popular.
«El archivo de la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se han arribado en las actuaciones labradas en este Tribunal para determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada una de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino».
Ballestero señaló, que «no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros, la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios y se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado».
Olmos, periodista y militante peronista, murió el 24 de abril de 2000; tres meses antes de la sentencia tardía. Las condenas prescribieron, pero la deuda que hoy supera los 450 mil millones de dólares, la sigue pagando el pueblo argentino.
