6 de julio de 1976. La orden del traslado, cuando esa palabra maldita era sinónimo de muerte, la dio Carlos Alberto Mulhall. El coronel fue primero interventor de Salta, hasta el 22 de abril del 76 y luego jefe del Destacamento de Caballería Blindada 141. El encargado de cumplirla, el capitán Hugo Espeche.
Cerca de las 20:00, un comando le entregó un documento con once nombres a Braulio Pérez, director del penal de Villa Las Rosas: María del Carmen Alonso, Alberto Zavarnsky, Celia Leonard, Georgina Droz, Evangelina Botta, María Amaru Luque, Rodolfo Usinger, Benjamín Avila, Pablo Ouetes Saravia, José Povolo y Roberto Oglietti.
Espeche indicó que el área debía estar liberada de guardias penitenciarios, salvo los destinados a los muros y que solo tenía que estar iluminado el sector donde se encontraban los presos que iban a sacar de la unidad. Ordenaron que el hijo de muy pocos meses de Celia, quedara en manos de su hermana Nora, también presa en la misma cárcel.
«La noche del 6 de julio del 76 antes de las 21:00, hora en que se apagaban las luces de las celdas, la comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray, el oficial jefe de guardia Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias», contó el exdetenido político Eduardo Tagliaferro, cuando regresaron los juicios por delitos de lesa humanidad, luego de la caída de las leyes de perdón.
Paralelamente, otro grupo de militares realizaba un control en la ruta a pocos kilómetros del penal, en el camino que une Güemes con la capital provincial. Se quedaron con dos autos, diciendo que eran un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo y que los vehículos iban a ser utilizados en una operación de rescate. Primero le sacaron un Torino a Héctor Mendilaharzu y después, se apropiaron de la camioneta Ford F-100 en la que viajaban Martín Julio González y su hermano.
Los tres estuvieron casi dos horas en un monte cercano, atados y amordazados, después les ordenaron que se fueran corriendo por el campo.
«Primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban», relató la exdetenida Graciela López cuando regresaron Memoria, Verdad y Justicia.
«De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles asesinos hijos de puta», declaró Tagliaferro.
Los tres móviles, el que trasladaba a los presos y los dos vehículos secuestrados, llegaron al paraje Palomitas sobre la ruta 34, a casi 25 kilómetros de la ciudad de Güemes.
Los once detenidos fueron fusilados. La mentira con membrete de la Guarnición Militar Salta, habló de un «enfrentamiento con fuerzas subversivas», que habían intentado rescatar a los detenidos mientras eran trasladados. Un formato ficcional repetido a lo largo de toda la dictadura, describiendo choques armados inexistentes, en los que solo morían subversivos y no se registraba en los partes oficiales, un solo herido entre los uniformados.
Los certificados de defunción fueron firmados por el Dr. Quintín Orué, un médico fantasma, que nunca figuró en ningún registro profesional.
Las autopsias determinaron que las víctimas fueron golpeadas y ejecutadas con disparos realizados cuando estaban arrodilladas.
El Torino y la F-100 aparecieron al día siguiente, con manchas de sangre e impactos de bala. Jamás se supo nada, de los imaginarios integrantes del ERP que secuestraron los vehículos.
Salvo los cuerpos de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai, que no fueron encontrados, los restos de las otras nueve víctimas aparecieron por la denuncia de testigos que presenciaron los entierros en cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán.
Monseñor Aramburu en su homilía del 9 de julio, dijo que «Nuestra libertad está en juego. El ateísmo anhela provocar la aniquiladora lucha fratricida». Solo habían pasado cinco días de la masacre de San Patricio, cuando en la iglesia de Echeverría y Estomba, barrio de Belgrano, asesinaron a los padres Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau y los seminaristas, Emilio Barletti y Salvador Barbeito.
La Masacre de Palomitas fue una de las trágicas historias aportadas como prueba en la Causa 13/84, en el marco del juicio a las Juntas militares de 1985. Mulhall, Gentil y Espeche fueron condenados a reclusión perpetua, 34 años después de aquel julio del 76. En 2011 llegó la segunda sentencia, cuando fueron condenados a perpetua el exjefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez y el exdirector de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil.
El paraje Palomitas fue señalizado como Sitio de Memoria en 2012.
En Palomitas II, el exguardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión y más tarde con Palomitas III, llegaron las últimas imputaciones: los militares Luis Dubois, Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo de la Vega y los exguardiacárceles Juan Sanguino, Napoleón Soberón, Víctor Rodríguez y Vicente Puppi.
«Dicky» murió en junio de 2022. Así lo conocían en la intimidad, al exjuez Ricardo Lona, pieza clave en la maquinaria de muerte de la última dictadura en Salta. Pasó sus últimos años en prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro y la desaparición del exgobernador MIguel Ragone.
En noviembre de 2007 fue procesado por «incumplimiento de los deberes del funcionario público”, por haber omitido investigar la matanza de Palomitas. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta lo sobreseyó al año siguiente. La resolución fue impugnada y la causa terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recién en septiembre de 2012 revocó el sobreseimiento y le ordenó a la Cámara salteña dictar un nuevo pronunciamiento. En el norte pusieron freno de mano y «Dicky» nunca fue juzgado por su silencio cómplice.
Hace nueve años, el lugar donde hace exactamente medio siglo, fueron masacrados once presos de Las Rosas, cuenta con un cartel recordatorio; porque en esta tierra tallada por el dolor está «prohibido olvidar» que el terrorismo de Estado en la Argentina, desapareció a 30 mil seres humanos en nombre de la «patria financiera».