El lunes 30 de enero de 2017, siete meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado, el diario La Nación dio el primer paso, cuando habló de “Violencia mapuche en Chubut”. En su editorial los Saguier planteaban que “Resistencia Ancestral Mapuche es una agrupación formada por descendientes de etnias mapuches que pretenden recuperar tierras de sus mayores en la Argentina y Chile y formar una nación propia que se extienda en ambos lados de los Andes. La resistencia ancestral que propugna no es retórica ni discursiva, sino violenta. RAM se siente autorizada a ejercer la fuerza para lograr sus objetivos y promete que, dentro de su territorio, ‘sólo habrá justicia ancestral’. O sea, no regirán allí las leyes argentinas ni chilenas, sino las normas consuetudinarias que esos pueblos aplicaban conforme sus tradiciones centenarias.
Facundo Jones Huala encabeza ese movimiento, que ha tomado notoriedad por sus ataques a estancieros y productores mediante incendios, robos de ganado, tomas de tierras, daños a propiedades y lesiones a personas en Chubut. Incluso, interfirió servicios públicos mediante un prolongado corte al tradicional Expreso Patagónico (‘la Trochita’). Poco han hecho los jueces y fiscales por miedo a las represalias”.
Primer gran capítulo de la creación mediática por encargo del poder político, de un grupo con apoyo externo capaz de dividir el país en dos, a través de una capacidad de fuego que aumentará a medida que se necesite profundizar la victimización del victimario. “La pretensión de invocar razones superiores para ignorar el orden democrático e instaurar un sistema que se considera más justo, más igualitario o más legítimo es conocida. De la pequeña justicia por mano propia al completo trastrocamiento institucional, todas esas variantes han dañado mucho a los países de la región.
Las recientes declaraciones de Jones Huala instando a combatir el régimen ‘capitalista, de represión y tortura’ hasta ‘vencer o morir’ configuran delito de sedición, que se suma a los múltiples crímenes que convirtieron esa región en zona liberada”.
La costumbre de Cambiemos de pasar por encima de normas constitucionales, en temas de alta sensibilidad política, económica y social, fue ratificada el último día de junio de 2016, con el Decreto 820/2016. Amparado en la excusa de la “búsqueda de inversiones”, Macri modificó la Ley de Tierras Rurales 26.737 (2011); ampliando los límites para la compra de campos y favoreciendo la apropiación de espejos de agua y otros recursos, por parte de ciudadanos extranjeros.
Dos semanas antes del DNU, un gran aliado del macrismo, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, brindó un adelanto de la decisión presidencial en el Coloquio IDEA. En ese foro del capital, el funcionario instó a terminar con la ley kirchnerista que limita la venta de tierras a capitales extranjeros”.
La norma impulsada por el kirchnerismo, ordenaba que el 15% del total de tierras rurales del país, podía ser extranjerizada; porcentaje que no afectaba a las propiedades adquiridas con anterioridad a la ley. Cambiemos eliminó por completo los controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP, sobre el capital que aterriza en la Argentina para comprar parte de su superficie e invitó a convertir el país en un gran negocio inmobiliario.
“Existe además una dimensión ética insoslayable. La idea de que ‘sólo habrá justicia ancestral’ en las tierras que pretenden ocupar los seguidores de Jones Huala implica una regresión incompatible con los valores de la Constitución nacional.
Una cosa es respetar el legado de los mayores, manteniendo tradiciones que enriquecen la diversidad cultural, y otra muy distinta es alzarse en armas para secesionar parte del territorio y aplicar allí normas ajenas al orden jurídico argentino, que niegan valores universales.
Los reclamos de Jones Huala y sus seguidores han excedido, además, las reivindicaciones históricas de su pueblo para servir de vehículo al cual se suben todas las ideologías, odios y resentimientos que desgarran a las naciones latinoamericanas. El fuego sagrado que parece inspirar al joven rionegrino debería dedicarse a inflamar de otra manera corazones, propiciando el bienestar de su pueblo”, agregaba el texto en defensa de magnates extranjeros como Lewis, que tienen subordinada a las fuerzas de seguridad local, a un rol de custodia de sus bienes.“Como el resto de los argentinos, nuestros hermanos mapuches, descendientes de boroas, pehuenches y huliches, así como quienes se reconocen tobas, matacos, mocovíes, guaraníes, tehuelches y quechuas, aspiran al bienestar de sus familias y a educar a sus hijos para que logren su realización personal en un mundo competitivo, conectado y tecnológico, sin olvidar nunca su pasado.
Ese es el verdadero logro que se espera de quienes aman sus pueblos de origen y no el fracaso impulsado por quienes los usan para satisfacer patologías individuales hasta el punto de cometer delitos gravísimos que la Nación no debe tolerar”, sentenciaba un diario que se aprestaba a una versión mediática de la Campaña al Desierto de Roca, en la segunda mitad del año.
Diciembre 2017. El Ministerio de Seguridad publicó junto a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro, un informe con 96 causas judiciales (incluido un homicidio), tráfico de armas y vínculos criminales con organizaciones mapuches chilenas. 84 casos carecían de autores identificados y solo en 12 oportunidades se hablaba de personas concretas, muchas de ellas sobreseídas en ese momento.
La ingeniería de esta nueva doctrina del miedo, nunca contó con pruebas concretas sobre la existencia de esta supuesta organización terrorista. Su creador Pablo Noceti, por entonces a las órdenes de Patricia Bullrich.
Un año y medio después, la Justicia de Esquel determinó que no existían rastros de la RAM, y que la mayoría de esos procesos habían sido archivados por falta de evidencias. También quedó comprobado que se fraguaron pruebas para inculpar a mapuches y militantes políticos, una metodología similar a la aplicada por los Carabineros chilenos.
También en diciembre del ’17, el macrismo lanzó el primer Plan nacional de Derechos Humanos. Una novela rosa sin sustento, frente a la criminalización de la protesta política, sindical, estudiantil y social; la multiplicación de presos políticos; las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la creación del nuevo enemigo interno para alimentar el regreso de la seguridad interior y un intento por neutralizar memoria, verdad y justicia.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Archivo de Casos, en su Informe de la Situación Represiva Nacional 2018, destacó que Cambiemos en tres años de gobierno, elevó el índice de personas asesinadas en manos del Estado: de una cada 29 horas en 2015, a una cada 21 horas a finales del 2018.
La desaparición de Santiago Maldonado (28 años) el 1 de agosto y el asesinato de Rafael Nahuel (21 años), el 25 de noviembre, instalaron el delirio de una RAM plantada en el sur, con la logística de una fuerza revolucionaria que ponía en jaque a los gobiernos de Argentina y Chile.
Dos años después, de aquel editorial de La Nación inaugurando el ciclo de mentiras oficiales, ya no queda absolutamente nada. Ningún integrante del Gobierno, volvió a hablar de la RAM. Dejaron de advertirnos sobre los peligros que encerraba ese grupo armado con hachas oxidadas, un par de cuchillos y dos celulares…
La historia de Fausto Jones Huala, se encargó de comenzar a cerrar el último capítulo de la farsa neoliberal. Se había presentado ante la Justicia el 14 de enero de 2019 y en el juicio abreviado al que fue sometido, se comprobó que se defendió con piedras frente a los prefectos del grupo Albatros que asesinaron a Rafael Nahuel. Fausto fue sobreseído por el delito de “usurpación”, mientras que se le estableció una pena de seis meses en suspenso por el delito del “atentado a la autoridad”, porque reconoció haberse enfrentado con piedras a los uniformados.
Jones Huala había sido procesado a principios de enero por el juez federal Leónidas Moldes, quien además le dictó la prisión preventiva. Desde mayo de 2018 se encontraba “prófugo” para la Justicia que había revocado su excarcelación. Pero luego de 24 horas, recuperó su libertad.
La nueva situación procesal del joven mapuche, que junto con Lautaro González Curruhuinca, bajaron el cuerpo sin vida de Rafael hasta la ruta, lo habilitaría para declarar como testigo en el expediente que investiga el asesinato de Nahuel.
En el acuerdo de partes homologado por la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, quedó establecido que Jones Huala no utilizó armas de fuego contra los integrantes del grupo Albatros, desbaratando el relato del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la existencia de un enfrentamiento entre la comunidad mapuche y los miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Jones Huala estaba al lado de la víctima, intentando evitar ser alcanzado por alguna de las entre 114 y 129 balas 9 milímetros que dispararon los cinco Albatros que el 25 de noviembre de 2017 ingresaron unos mil metros territorio adentro de la comunidad mapuche Lafken WinkulMapu, en Villa Mascardi (resultados de la pericia del Centro Atómico de Bariloche, de marzo de 2018).
En el juicio abreviado se dio por sentado que Jones Huala no portaba armas de fuego, terminando con la teoría de la ministra Patricia Bullrich sobre una emboscada mapuche. El relato del enfrentamiento fue edificado por el Ministerio de Seguridad a partir de un audio de WhatsApp del Oficial Principal Pablo Rubén Berra, jefe del operativo de los Albatros que concluyó con el asesinato de Rafael Nahuel. Ese audio fue enviado por Berra minutos antes que se le secuestre el teléfono celular. Un día después, el 26 de noviembre, la ministra Patricia Bullrich dio por cierta la versión y repitió la teoría del enfrentamiento, a pesar de la ausencia de pruebas que la sustenten.
El 25 de noviembre de 2017, durante un operativo represivo de Los Albatros de la Prefectura Naval en la localidad de Villa Mascardi (Bariloche), un joven mapuche de 22 años, murió a causa de una herida de bala calibre 9 milímetros en su espalda. El desalojo de esas tierras, lo había ordenado el juez federal Gustavo Villanueva. El asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, estuvo a cargo de los Albatros de la Prefectura Naval Argentina, en las costas del lago Mascardi. Ese día el pueblo bonaerense de 25 de mayo, enterraba a Santiago en su ciudad natal.
Cuando Eugenio Zaffaroni advirtió que eran “brutos y brutales”, los llamó a la reflexión aún corriendo el serio riesgo de no ser escuchado: “cuidado, van a matar a alguien”. Y de pronto nos encontramos en las calles volviendo a gritar “Aparición con vida”, porque una palabra había regresado al diccionario cotidiano, patoteando al destino: “Desaparecido”.
“Un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres por las cuales comienzan a aparecer sometidos/as y sometedores/as” (De la libreta de Santiago Maldonado).
Santiagodesapareció el 1 de agosto de 2017, cuando participaba de una protesta en la comunidad mapuche Pu Lof, en Cushamen (Chubut), en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional contra las protestas mapuches.
A partir de ese momento y solo por algunos meses, el reclamo ancestral de las comunidades originarias patagónicas cobró visibilidad. Tierras en litigio y millones de hectáreas en poder de terratenientes extranjeros y locales.
La carta que el neoliberalismo venía orejeando desde hacía meses para empardar la mano, fue la recreación del enemigo interno a través del fantasma de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche); una supuesta organización armada que imaginaron los servicios de inteligencia para poner en vidriera a un nuevo “victimario”.
“Prontuario” (Mayo 2017): En “30 de junio 2016: Decreto para terminar con Ley de Tierras”, el texto sostiene que “La costumbre de pasar por encima de normas constitucionales, en temas de alta sensibilidad política, económica y social, fue ratificada el último día de junio, con el Decreto 820/2016. Amparado en la excusa de la ‘búsqueda de inversiones’, Macri modificó la Ley de Tierras Rurales 26.737 (2011); ampliando los límites para la compra de campos y favoreciendo la apropiación de espejos de agua y otros recursos, por parte de ciudadanos extranjeros.
A mediados de junio, un gran aliado del macrismo, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, brindó un adelanto del Decreto en el Pre Coloquio IDEA 2016. En ese foro del capital, el funcionario instó a terminar con la ley kirchnerista que limita la venta de tierras a capitales extranjeros.
La norma impulsada por el kirchnerismo, ordenaba que el 15% del total de tierras rurales del país, podía ser extranjerizada; porcentaje que no afectaba a las propiedades adquiridas con anterioridad a la ley. Cambiemos eliminó por completo los controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP, sobre el capital que aterriza en la Argentina para comprar parte de su superficie e invitó a convertir el país en un gran negocio inmobiliario”.
Febrero 2019. La 4° Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, que organizó la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, demostró que el magnate inglés Joe Lewis, está en pie de guerra. Impedir el tránsito por el camino público de Tacuifi, dato que quedó documentado a través de tranqueras cerradas con gruesos candados para frenar la marcha en rodados por tramos claves del recorrido (no pudieron llegar al Rio Foyel) y el trabajo conjunto del personal a las órdenes del millonario británico y la policía de Río Negro, para custodiar al súbdito de la reina. Cumplieron el objetivo por cuarta vez, producto de un recurso de amparo otorgado por la Justicia.
El momento de mayor tensión, se vivió cuando dos integrantes de la marcha que se trasladaban en kayac por el lago, Andrea Gatabria (ATE Capital) y David Ramallo (Radio Gráfica); fueron lanzados a las aguas heladas por cuatro hombres de Lewis, que a bordo de una lancha provocaron una vuelta de campana de la embarcación.
Clarín y La Nación, no hablaron de la desaparición de Santiago Maldonado el 2 de agosto de 2017. Al día siguiente, La Nación publicó una noticia muy breve, informando que fue visto por última vez en la localidad de Cushamen, al noroeste de la provincia; pero del operativo de Gendarmería, ni una línea.
El 4 de agosto, Clarín habló de la desaparición de Santiago, pero en el marco de una nota relacionada con los ataques de un grupo de encapuchados realizó a la casa de Chubut: “Atacan la Casa de Chubut en la Ciudad y piden que liberen al mapuche Jones Huala”.
Dos días después, se escucharon las primeras palabras sobre el tema de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos: “El gobierno nacional sigue con preocupación y ocupación la búsqueda de Maldonado y está habilitando todos los sistemas de búsqueda para hallarlo”. Ese mismo día, La Nación seguía sembrando interrogantes: “La Justicia dice que no está corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por Gendarmería”.
Editorial de Jorge Lanata en “Periodismo Para Todos”: “Hay guerrilla indígena. ¿Sabían eso? Hay guerrilla indígena en el sur. Esto quiere decir que hay grupos armados. Esta semana llegó a Capital. Es un grupo que se llama RAM”.
El 7 de agosto, Gerardo Milman, Secretario de Seguridad Interior, dijo que “Lafamilia de Santiago Maldonado y los mapuches no colaboran”.
“Patricia Bullrich: La RAM está financiada por una organización inglesa”, Clarín, 8 de agosto de 2017. La Nación publicó esa jornada, que “Una asamblea popular en El Maitén le reclamó al gobierno nacional la presencia permanente de Gendarmería en esta localidad para garantizar la libre circulación en rutas y prevenir atentados del grupo Resistencia Ancestral Mapuche contra personas y bienes”.
“Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, Infobae, 8 de agosto de 2017.
Al día siguiente en La Nación, se leyó “Preocupa al gobierno que se trate de un show político. Cuando restan cinco días para las PASO, en el Gobierno crece la hipótesis de que la desaparición de Santiago Maldonado se trata de una ‘cama’ y pone en el centro de la investigación a los integrantes del grupo denominado Resistencia Ancestral Mapuche”.
Rogelio Frigerio, ministro del Interior, en La Nación del 9 de agosto: “Sería lamentable que con la desaparición de una persona se intente generar algún tipo de ventaja electoral”. El diario de los Saguier, apuntó el mismo día que “Una organización con sede en Inglaterra lucha por los mapuches” y Clarín tituló que “El artesano Santiago Maldonado sigue sin aparecer y un camionero dice que lo vio en Entre Ríos”.
Una semana después de la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno nacional metió la cola en el expediente de Habeas Corpus y en la causa penal por Desaparición Forzada, con un primer informe sobre la RAM. Para Patricia Bullrich, se trataba de una especie de “daño colateral”, del accionar de la Gendarmería contra un fantasma, contra una organización terrorista inexistente.
El 10 de agosto, La Nación reforzó el planteo de Magnetto: “El camionero entrerriano dice estar seguro de que llevó a Santiago Maldonado”.
“Hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago” (Clarín 11 de agosto de 2017): “La búsqueda de Santiago Maldonado, desaparecido luego de una manifestación mapuche en Chubut, se intensificó en las últimas horas en Entre Ríos, tras conocerse el testimonio de un camionero que manifestó que el domingo pasado llevó a un joven idéntico al artesano, y un video que muestra a esa persona comprando en un mercado. Desde entonces, la ciudad de Gualeguaychú está conmocionada por los reportes de personas que aseguran haberlo visto’. ‘Tenemos cuatro personas que dijeron haber visto a Santiago Maldonado cerca de Gualeguaychú. Una es una mujer que dice que lo vio en un colectivo de la línea Santa Rita, el martes. A raíz de esta denuncia, se hizo un allanamiento en el Barrio Ecológico, en Pueblo Belgrano, entre las 17 y las 21 del miércoles. Los efectivos ingresaron en siete domicilios y encontraron 14 hombres que son parecidos a Santiago. Parecen hermanos gemelos todos en Barrio Ecológico. Y si bien vamos chequeando cada dato que nos llega empezamos a creer que podría no estar en la zona’, explicó a este diario Cristian Hormachea, subjefe de la departamental de Gualeguaychú”.
Esa mañana se escuchó en Radio Mitre: “Maldonado habría sido filmado en un
comercio de Entre Ríos” y La Nación publica declaraciones de Patricia Bullrich: “La desaparición forzada es una construcción”.
13 de agosto, La Nación: “RAM: el grupo mapuche que, en las sombras, tiene en vilo a la Patagonia”. Tres días después, Patricia Bullrich en el Congreso: “Todos los días buscamos personas. En este momento tenemos 5.000 personas desaparecidas, hablo de ahora, no de la historia. Sacar gendarmes es tirar responsables por la ventana, son hombres y mujeres que están en la zona, que tienen un alto prestigio. Vamos a dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar a un gendarme por la ventana”. Infobae sostuvo el 16 de agosto: “Caso Santiago Maldonado: Un puestero que dice haber apuñalado a una persona desconocida”.
El 17 de agosto Clarín consignó: “Creen que el artesano usó por última vez su celular 10 días antes de desaparecer. Fue el 21 de julio. Según los investigadores, ese día hubo un ataque mapuche a una estancia, con un acuchillado”.
Luis Majul en La Cornisa, el 20 de agosto: “¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Es una desaparición forzosa o alguien lo tiene escondido?”.
El 22, el ministro de Justicia, Germán Garavano, tras retirarse de una reunión con los organismos de Derechos Humanos sobre el caso Maldonado: “Tuve la sensación de que el encuentro estaba guionado y que no había realmente voluntad de trabajar en conjunto. Los organismos rechazaron todos los ofrecimientos. Es una verdadera pena, lamentablemente uno ve que hay un ánimo de politizar la cuestión”.
24 horas después (14:03), Clarín publicó un tuit que luego borró: “Urgente: Encontraron un cuerpo masculino en el Río Chubut, cerca del lugar donde vieron por última vez a Santiago Maldonado”. En su versión papel, el diario planteó: “Analizan muestra de ADN para saber si Maldonado fue herido en una estancia de Benetton”.
El 26 de agosto, Patricia Bullrich protegió a su fuerza: “Yo tengo la fuerte convicción de que Gendarmería no fue”. Ese día Lanata, se cansó se sembrar pistas falsas en Clarín: “Un grupo de militantes sensibles, con toda la cuota de violencia. En los últimos cuatro años hubo 77 atentados de la RAM en Río Negro, Chubut y Neuquén. Facundo Jones Huala, 31 años, hoy preso en Neuquén, es uno de los ideólogos del grupo. Según el Ministerio de Seguridad la RAM mantiene reuniones cotidianas con la Cámpora y la Universidad de las Madres, y recibe financiamiento y apoyo logístico de las FARC colombianas y grupos extremistas kurdos de Turquía”.
Silvia Mercado en Infobae, firmó el 28 de agosto: “Creen que el joven podría haber sido asistido en Chile luego del enfrentamiento con el puestero de una de las estancias de Benetton”. Telam recogió declaraciones de Graciela Fernández Meijide: “Hay un uso político de Santiago Maldonado y eso es miserable”.
“La Justicia ya investiga 70 ataques del grupo extremista mapuche”, Clarín, 29 de agosto de 2017. El mismo día, por TN: “La desaparición de Santiago Maldonado: investigan una nueva pista. Dos médicas lo habrían asistido después de un enfrentamiento con un puestero en Epuyén”.
El 30 de agosto, Clarín trabajó por primera vez la historia como título central de portada: “Caso Maldonado: la fiscal informó que son débiles las pruebas contra Gendarmería”. El diario dice que “en Facebook, Santiago Maldonado se identificaba como un feroz cacique mapuche”.
El mismo día, Elisa Carrió en twitter: “Si la hipótesis de la desaparición de Santiago Maldonado fuese una invención kirchnerista, sería perverso, infrahumano y delictivo”. Y Claudio Avruj, planteó que “Nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto”.
Clarín, 31 de agosto: “Un fiscal vinculó la desaparición de Maldonado con el ataque a un puestero el 21 de julio”y que una nueva versión “apunta a que estaría en Chile”.Apareció Iván Petrella, secretario del Ministerio de Cultura: “El kirchnerismo usa el caso Maldonado para decir que Cambiemos y dictadura son lo mismo. Por suerte la mayoría del país sabe que es verso”.
El 1 de septiembre, Clarín tituló: “Marcha por Santiago Maldonado: incidentes entre grupos k y de izquierda”.
Editorial de Alfredo Leuco, en “Le doy mi palabra” el 4 de septiembre, titulado
“Nos han declarado la guerra”: “Vamos a decirlo con toda claridad. La instigadora de todos los sucesos violentos se llama Cristina Elisabet. Su jefe de operaciones es Horacio Verbitsky. Ellos son los que fomentan la idea de que Mauricio Macri es un dictador que lleva al hambre popular, a multiplicar los presos políticos y que ahora apuesta a la desaparición de personas. Un delirio. Un síndrome de abstinencia del poder que los lleva a una demencia peligrosa. Se dedican a dinamitar todo lo que no pueden conducir. Encienden la mecha del estallido social. Eso es lo que hace Hebe de Bonafini cuando dice que Macri lo mandó a matar a Santiago Maldonado. O cuando el cínico de Gerardo Romano dice ‘que hay un tufillo a Falcons verdes sin patentes chupando gente por las calles’. Tiene razón Julio Bárbaro. El caso Maldonado es una tragedia que la izquierda cheta transformó en farsa”.
Por TN Victoria Donda, confesó que “Bullrich me dijo que capaz a un gendarme se le fue la mano”.
El 5 de septiembre, Carrió: “Gracias a Dios Santiago Maldonado no fue herido, hay que seguir buscando su paradero. Se trata de una cuestión de derechos humanos (…) También creo en lo que dice Gendarmería, por lo menos hasta ahora (…) No hay que politizar ni manipular ningún tema que haga a los derechos humanos básicos con fines políticos o electorales”. El mismo día, TN: “Dos hipótesis sobre Santiago Maldonado: la Gendarmería o “El sacrificio”. La pregunta sigue siendo la misma ¿Dónde está?, pero la investigación se cierne en dos líneas: la represión o el paso a la clandestinidad. A la segunda línea de investigación, algunos investigadores la llaman ‘El sacrificio’, esto es, que Maldonado decidió pasar a la clandestinidad para beneficiar al líder de la RAM Facundo Jones Huala, detenido en la Unidad 14 por un pedido de extradición de Chile. Una teoría aparatosa pero que se analiza”.
Ricardo Kirschbaum, el 6 de septiembre en Clarín: “El kirchnerismo pide que salga la Gendarmería del control de las elecciones porque le perdió la confianza que le tenía cuando Cristina era la Presidenta. Esa desconfianza, añadieron, se apoya en la desaparición de Sebastián Maldonado, y la responsabilidad que le adjudican a los gendarmes en el hecho”.
Por La Nación esa misma mañana, Joaquín Morales Solá: “El cristinismo está detrás de las maniobras y operaciones confusas”.
7 de septiembre, Clarín: “Una pareja declaró que llevó en su camioneta a un joven igual a Santiago Maldonado el 22 de agosto”. Y más adelante agregó, que “Maldonado tomaba clases de artes marciales en El Bolsón. Ayer se presentó espontáneamente a declarar su profesor de Kenpo Karate, y dijo que era muy bueno. El dato sería clave para analizar las circunstancias de su supuesto secuestro”. El diario también sumaba declaraciones del secretario de Derechos Humanos: “Según Claudio Avruj, el mapuche que dijo ver cómo se llevaban a Santiago Maldonado es vocero de la RAM”.
Un día después, Avruj en La Nación: “Periodista: ¿Hay actores políticos y organismos de derechos humanos que buscan sembrar pistas falsas para confundir la investigación?
Avruj: Es un ejemplo más de toda esta historia de mentira que vivimos durante 12 años. No solo ahora, sucedió a lo largo de la democracia. Tenemos ejemplo de sobra, como la AMIA, la embajada de Israel, Julio López, Nisman. Estamos muy atentos para preservar la Justicia”.
El 9 de septiembre, Hernán Iglesias Illia, Coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete: “Lo que más probablemente haya pasado o, lo peor que podría haber pasado, es que algún Gendarme suelto le haya, no sé, pegado a Santiago Maldonado, sin saber que lo estaba hiriendo gravemente”.
Clarín, 10 de septiembre: “Por primera vez un funcionario del ministerio de Seguridad de La Nación se hizo presente en Esquel para entregar a la Justicia Federal un informe que refuerza la teoría de que detrás de la desaparición de Santiago Maldonado podría haber un elaborado plan que involucra al grupo extremista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, le ofreció “información relevante” al juez federal Guido Otranto, que incluye datos precisos sobre personas que se encontraban junto al camión Eurocargo denunciado por uno de los mapuches como el vehículo al cual subieron a Maldonado. Este detalle se sumó a una serie de copias de papeles –que ya habían sido incorporadas a la causa pero que recién ahora salieron a la luz– confiscados a tres de los líderes de Resistencia Cushamen y sospechados integrar la RAM, el 1 de agosto, en los cuales se delimita una suerte plan maestro destinado a mejorar la posición del lonko Facundo Jones Huala de cara a su nuevo juicio durante el cual se decidirá si es extraditado a Chile por el juez federal Gustavo Villanueva”.
Clarín, 11 de septiembre: “La hipótesis que el Gobierno le llevó al juez no descarta que si uno de estos subgrupos le pegó a Maldonado los otros no lo hubieran visto. Así, la responsabilidad por el caso quedaría reducida a una, dos o a lo sumo tres personas, pero ya no sería una desaparición forzada: no hay una fuerza del Estado operando para llevarse a un civil del lugar sino uno o dos gendarmes ocultando su delito a sus compañeros y superiores”.
“Caso Maldonado: en un documento, los mapuches de RAM hablaban de dar un golpe de prensa”, Clarín, 13 de septiembre de 2017.
Al día siguiente por Infobae, Silvia Mercado apuntó que “El Gobierno fue felicitado por la titular del Comité contra las Desapariciones Forzadas” (la Presidenta del Comité, Suela Janina, luego desmintió a la periodista) y La Nación señaló que “El gobierno sospecha que la RAM rastrilló el río Chubut”.
El 19 de septiembre, Clarín: “Allanan una peluquería en San Luis: la dueña cree haber atendido a Santiago Maldonado”.
Télam 20 de septiembre, Elisa Carrió: “El kirchnerismo quiso deslegitimar a gendarmería para quitarle valor a la pericia de Nisman”.
“Tras la muerte de un mapuche, intentan hallar a 9 activistas prófugos”, Clarín, 27 de noviembre de 2017. El mismo diario, dos días después: “La foto de un joven parecido a Santiago Maldonado, eje de otra controversia en El Bolsón”.
La Nación del 3 de octubre: “El gobierno excluye el caso del joven desaparecido de su agenda de seguridad. Macri recibió a Bullrich en Olivos, pero no se habló de Santiago Maldonado, según testigos del encuentro”.
El9 de octubre, mensaje por twitter de Adrián Ventura, periodista de La Nación y TN: “Caso Maldonado. Sergio Maldonado entrego un teléfono y una mochila de Santiago, que buscaba la justicia desde el comienzo. ¿Por qué la oculto?”.
Carrió por TN, el 12 de octubre: “Hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM (por RAM)”. Cinco días después, la diputada de Cambiemos respondió a un planteo de Alfredo Leuco («la baja temperatura del agua favorece la conservación del cuerpo y eso es una buena noticia») con «Claro, como Walt Disney».
El 18 de octubre, Marcos Novaro en La Nación: “Con la hipótesis de la conspiración nada de eso tiene sentido. Seguramente en el seno del kirchnerismo y los grupos mapuches radicalizados lo saben y por eso se apresuran a tapar el abismo que enfrentan, la develación indetenible de sus mentiras, con gritos, movilizaciones y piedrazos. No va a alcanzarles. Menos todavía si los resultados de la autopsia abonan la para ellos peor hipótesis, un accidente”.
“Prontuario” (“No hay neoliberalismo sin traición”, mayo 2017): Después de plantear que “La dictadura 76-83, es la cara más oscura que devuelve el pasado de los Macri”, documentaba el planteo una larga lista de “procesistas”, que acompañaron a la familia presidencial en sus empresas, en la jefatura de Gobierno porteño y luego en el Ejecutivo nacional. Y entre ellos aparecía Noceti, pieza clave en el caso Maldonado, como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad. Hombre que lejos de ser expulsado de la función pública, el macrismo ascendió, cuando en abril de 2018 lo nombraron secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.
“Pablo Noceti (integrante del equipo de abogados de Eduardo Munilla y Alfredo Bataglia, defensores del general Leopoldo Fortunato Galtieri en el juicio a las Juntas), defendió al teniente coronel, Fabio Carlos Iriart (ex comandante de la subzona militar 14, máximo responsable de la represión ilegal en La Pampa); al coronel Néstor Omar Greppi (ex secretario general del gobierno de facto en La Pampa) y al ex policía Eduardo Angel Cruz (actuó en el circuito Atlético-Banco-Olimpo). Patricia Bullrich, lo nombró como su jefe de Gabinete en el ministerio de Seguridad”.
Santiago Maldonado fue sometido a una “desaparición forzada”, según la definición de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que Argentina ratificó en la década del ‘90. El Estado victimario tenía que ocultar contra viento y marea, un operativo ilegal irrumpió en territorio mapuche y persiguió a sus víctimas hasta el río Chubut
Inmediatamente después de recibir el informe del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la UBA sobre el ADN de las muestras que extrajeron de los regimientos y de las camionetas supuestamente involucrados en los hechos de la Ruta 40, Patricia Bullrich buscó comenzar a cerrar el caso. Aseguró que el estudio “Despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada”. La ministra trabajó horas extras durante semanas, para instalar a Santiago Maldonado en la Mesopotamia, para “verlo” luego en territorio cuyano y la cordillera de los Andes. Habló de “clandestinizado”, luego del “autosacrificio”, más tarde plantó una “desaparición voluntaria” para darle visibilidad a los reclamos de los pueblos originarios, o herido en algún lugar tras recibir un puntazo de un puestero de estancia.
Los medios oficialistas alejaron la búsqueda del lugar de la desaparición de Santiago, mientras el Gobierno salía a ofrecer una recompensa de 2 millones de pesos y utilizaban ese tiempo para defender a los Gendarmes involucrados en el operativo ilegal y demonizar mediáticamente a la víctima y al pueblo Mapuche.
Paralelamente, la fiscal Silvana Avila, clavaba en la carátula el cartel de “desaparición forzada” y alertar a los pasos fronterizos y terminales terrestres y aéreas, convirtiendo a Maldonado en un fugitivo.
La fuerza del monopolio mediático sirvió para que el encubrimiento planificado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ganara el centro de la escena. Necesitaba maquillar la acción represiva de las fuerzas de seguridad más leal, a la hora de la nueva construcción del enemigo interno.
“Donde quieras que estés, seguí siendo Santiago. Que nada te detenga, que sigas tu camino. Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y puedas descansar en paz. Para vos y por vos siempre. Te quiero mucho”. (De Sergio Maldonado a su hermano Santiago, 21 de octubre de 2017).
El 17 de octubre de 2017, su cuerpo fue hallado cerca del punto en el que se denunció su desaparición, en una zona donde ya se habían realizado otros rastrillajes.
Cerca de las 18:30 del viernes 20 de octubre de 2017, Sergio Maldonado confirmó que el cuerpo que estaba en la morgue esperando la autopsia, era el de Santiago.
Lo habían encontrado tres días antes, en el curso del río que habían rastrillado otras dos veces, con resultados negativos.
Dos palabras, para confirmar el regreso del control social de la mano de la vieja teoría del enemigo interno: «Es Santiago». Dos palabras para recordarnos, que cada vez que a lo largo de la historia ellos avanzaron para ampliar sus privilegios, la muerte siempre fue su aliada: «Es Santiago».
Pero dos palabras que deben seguir siendo conjugadas en tiempo presente, porque Santiago está… No está en Entre Ríos, ni en Chile, ni pasó por Mendoza, ni pasó a la clandestinidad por un sacrificio mapuche. Está en la larguísima lista de pibes imprescindibles, que el poder real necesitó desaparecer. Después de 80 días de cinismo y negación, Santiago está.
El 24 de noviembre el informe pericial concluyó que “Santiago Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia». El documento concluyó que «no hubo arrastre, ni sujeción» y que «el cuerpo no tenía golpes o lesiones» ni «marcas de haber estado atado o haber sido arrastrado».
Sin embargo, la Justicia nunca determinó exactamente cuándo murió y en qué circunstancias.
El 29 de noviembre de 2018, el juez federal de Rawson, cerró este la causa al determinar que Santiago murió «a causa de una asfixia por sumersión coadyuvado por un cuadro de hipotermia» el mismo día de su desaparición.
“Custodiaste 7 horas un cuerpo sin vida porque sabes que no se puede confiar en nadie. 7 horas parado junto a un cuerpo que puede ser tu hermano o no. No logro imaginar una aberración más grande que tener que cuidar un cadáver para que los “buitres” no se lo coman. Podría algunx de nosotrxs buscar hasta el cansancio y más? Podríamos resistir bajo una lluvia de mentiras? Podríamos permanecer de pie custodiando el cuerpo de un hermano…? Sólo el verdugo más perverso podría someter a alguien a semejante aberración, nuestro país es una cloaca inmensa, llena de zombies que defienden al verdugo patrón” (De Germán Maldonado a su hermano Sergio, 20 de octubre de 2017).
Capítulo VIII – SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL: El nuevo enemigo interno vive en la Patagonia