La misma semana que nos enteramos que el Banco Nación secuestrado por los libertarios, otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (funcionarios y legisladores oficialistas, del PRO y radicales con peluca, que se llevaron préstamos promedio de 300 mil dólares), apareció un durísimo informe del Centro para la Integración Socio Urbana. La crisis habitacional de la Argentina, se resume en que casi la mitad de los hogares del país, presenta algún tipo de déficit, mientras que en los barrios populares la problemática alcanza prácticamente a la totalidad de las familias.
Por lo tanto, uno de cada dos hogares atraviesa como mínimo, una situación de déficit habitacional; que ya no se traduce exclusivamente en la falta de viviendas nuevas, sino también por el deterioro de la infraestructura vieja y el no acceso o acceso deficiente, a servicios esenciales. No contar con agua segura, es una de las principales vulneraciones del derecho a una vivienda digna.
Ocho de cada 10 hogares acceden al agua de forma inadecuada y siete de cada 10 presentan mecanismos deficientes para la eliminación de desechos orgánicos y metabólicos. Cuatro de cada 10, sufren al menos un problema vinculado a la calidad de los materiales de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el hacinamiento o la cohabitación.
Todos los problemas existentes hasta la asunción de Milei, se profundizaron con el desmantelamiento de áreas estatales vinculadas a la urbanización de barrios populares; fundamentalmente el Fondo de Integración Socio Urbana, el principal instrumento de financiamiento para estas planificaciones. La Oficina de Presupuesto del Congreso, demostró que la inversión pública ejecutada durante 2025 registró una caída real del 27% respecto del año anterior, mientras que las transferencias de capital, se redujeron casi un 49%.
Paralizada la obra pública hace casi dos años y medio y frenada la construcción privada por la recesión planificada, la UOCRA denunció la pérdida de 91 mil puestos de trabajo, desde diciembre del 23. De ese total 50.000 empleos perdidos corresponden directamente a obras de infraestructura habitacional. Esta caída este número que representa casi el 60 de los despidos, obedece a la paralización de la obra pública y al desprecio por programas de viviendas sociales a nivel nacional.
El jaque mate llegó con la desregulación total de los alquileres, medida que desprotegió al más débil y generó niveles históricos de endeudamiento. Somos el único país del mundo donde no hay ningún tipo de legislación para la regulación de los alquileres, por mandato del mercado inmobiliario. Los ganadores son los Elsztain, Constantini, Calcaterra y Nicky Caputo.
El 70% de los inquilinos se endeuda para pagar el alquiler y casi un 20% sufre «desalojo económico». En los últimos dos años, los precios se dispararon más de un 500%.
Mientras tanto, prohibido olvidar esta lista:
Pedro Inchauspe, Director del Banco Central, crédito del Nación por 510 millones de pesos.
Felipe Núñez, Director del BICE y asesor del Ministerio de Economía, con una deuda inicial superior, 373 millones.
Federico Furiase, Secretario de Finanzas y ex director del BCRA, con 367 millones.
Sharif Menem: Director de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, con 357 millones de pesos.
Juan Pablo Carreira (Juan Doe): Director nacional de Comunicación Digital, con un crédito de 112 millones.
Lorena Villaverde, Diputada nacional, con un préstamo de 200 millones.
Alejandro Bongiovanni: Diputado nacional, con un préstamo equivalente a unos 176.000 dólares.
Santiago Santurio, Diputado nacional, con un préstamo equivalente a unos 239.000 dólares.
Tranquilos los «nadies» con los nombres de estos ladrones que se quedaron con tu vivienda, porque esta frase no equivale a «consuelo de tontos», es una ley del destino escrita por Paco Urondo: «Futuro y memoria se vengarán algún día».