1975. En febrero se había puesto en marcha el Operativo Independencia, para barrer de Tucumán el avance del ERP; en junio el Rodrigazo anticipó el desembarco del liberalismo más crudo; en septiembre el gobierno decretó la ilegalidad de Montoneros, que hacía un año habían pasado a la clandestinidad y en octubre llegaron los decretos para “aniquilar el accionar subversivo”. La mesa estaba servida, para el golpe de fines de marzo. Según la CONADEP, la Alianza Anticomunista Argentina cometió 359 asesinatos, desde enero de 1975 y hasta el comienzo del desmantelamiento de la organización, en julio; cuando López Rega se fue del país…
La burocracia sindical puso en marcha un plan para domesticar al sindicalismo combativo, para poner bajo control cientos de miles de obreros. La tradición democrática de los trabajadores de Mercedes Benz, donde todo se resolvía en asambleas multitudinarias, poco tenía que ver con aquel estilo de conducción que había llegado con José Rodríguez. Los obreros peleaban contra los enemigos de afuera y desde la aparición de comisiones internas fuertes, también con los enemigos de adentro.
A mediados de 1975, el Rodrigazo construyó la excusa económica del golpe del ’76. Por entonces, la radiografía de la economía argentina, marcaba 6 mil millones de dólares de deuda externa, casi pleno empleo (2,7% de desocupación), niveles muy bajos de trabajo no registrado y un porcentaje muy alto de obreros sindicalizados; pero fundamentalmente un reparto del PBI entre el capital y los trabajadores, en partes casi idénticas. ¿Cuál era la necesidad real, de una devaluación del 180% y un aumento tarifario del 300%?
El grupo Azcuénaga que comandaba José Alfredo Martínez de Hoz, había colocado a Ricardo Mansueto Zinn como secretario de Coordinación Económica; el número dos del ministerio de Celestino Rodrigo.
El Azcuénaga se reunía en un petit hotel de Carlos Blaquier. El dueño del Ingenio Ledesma, fue uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina en 1946; un gran semillero de funcionarios de las dictaduras argentinas del siglo XX. En 1963 y por obra de su gran amigo, José Alfredo Martínez de Hoz (por entonces, ministro de Economía de José María Guido, entre 21 de mayo y el 12 de octubre), la empresa fue declarada de «interés nacional». Con esa resolución bajo el brazo, la empresa fue liberada de pagar impuestos, tendría acceso a créditos blandos en bancos oficiales y prioridad entre las proveedoras del Estado, en materias primas y energía.
Zinn fue el encargado de detonar la bomba liberal que terminó de sembrar el caos en un país a la deriva, una Argentina que padecía la orfandad política que produjo la muerte de Juan Domingo Perón.
