La economía real murió hace dos años y las consecuencias siempre ruinosas, terminarán atacando mucho más temprano que tarde, al mismo Gobierno que ordenó vivir de deuda en deuda por sequía de recursos genuinos. La crisis comenzó en abril del año pasado, cuando fue necesario el salvataje del Fondo por 20 mil millones de dólares. Cinco meses después, el enfermo regresó a terapia intensiva y fue necesario el swap de Trump por otros 20 mil. En octubre aparecieron los dólares de Bessent, para enfrentar una corrida cambiaria que amenazaba con llevarse puesto por lo menos al equipo económico. Seis bancos pusieron 3 mil millones de dólares en enero para completar el pago de capital e intereses de la deuda y finalmente, más de 800 millones de dólares de Estados Unidos, para pagarle una cuota al FMI.
Después de cinco intervenciones de Washington, llega una etapa repleta de crueldad extrema: el ajuste del ajuste. Un plan que increíblemente sus arquitectos creen sin contraindicaciones, porque como 2026 no es año electoral, flota en el aire una autorización invisible para afinar la crueldad, sin costo político alguno.
Los libertarios sueñan con dejar en la calle, entre 30 mil y 60 mil empleados públicos más. Activarán nuevos planes de retiros voluntarios en Vialidad Nacional, Inta, Inti y en los medios públicos, encabezando una lista mucho más larga de organismos descentralizados que generarán nuevos despidos encubiertos masivos: Inspección General de Justicia, Registro de Propiedad Inmueble, Administración Nacional de Aviación Civil, Instituto Nacional de Cine, Casa de la Moneda, Parques Nacionales, Defensoría de Servicios de Comunicación Audiovisual y Vialidad Nacional.
Casi todos esos espacios, ya experimentaron profundos recortes desde diciembre de 2023 y en algunos casos, hasta pasaron por intentos de cierre que sus trabajadores frenaron con planes de lucha.
Al frente de esta locura están, la tercera versión de Federico Sturzenegger aportando su cuota de cinismo a la destrucción del país y Manuel Adorni, un oportunista que primero quiso ser sindicalista de los «rapis» y que cuando logró acomodarse en el poder, ubicó a su hermano en el ministerio de Defensa, para que gane cinco millones de pesos por mes. En esta familia supuestamente anti Estado que curiosamente vive del dinero público, hay sumar a su madre ya jubilada de la Legislatura bonaerense y a su tía, que sigue trabajando como planta permanente en el Parlamento provincial.
Anunciaron esta medida, el mismo día que procesaron a Spagnuolo por afanar junto a 18 cómplices, fondos de la ANDIS destinados a los discapacitados y en el que Reidel, el socio del presidente en el imaginario Premio Nobel, se fue después de haber pagado sobreprecios millonarios en el servicio de limpieza y por la contratación directa de tecnología, a 7 millones de dólares cuando su costo era de 600 mil.
Hoy tienen abiertos retiros voluntarios para trabajadores prácticamente sin aumento salarial desde 2024, un formato de tortura laboral que es especialidad de la casta liberal. Pero hay que subrayar, que en muchos casos la palabra «voluntarios», esconde la persecución que luego sufrieron los que decidieron no aceptarlos, porque la mayoría fueron cesanteados.
Y por supuesto, a los empleados del Topo no les interesa el impacto que la medida pueda ejercer, sobre el buen funcionamiento de las políticas públicas, que esta expulsión masiva de profesionales y cuadros técnicos pueda producir. Ni el costo que afrontará el estado por despedir contratados de más de una década, cuando la justicia diga que los laburantes tenían razón.
En los primeros dos años de mandato del cuarto desembarco liberal en medio siglo, quedaron sin trabajo casi 80 estatales por día. El Gobierno colonial expulsó del Estado a 63 mil trabajadores, con retiros y no renovación de contratos y usando la Ley Bases, también despidió a trabajadores de la planta permanente.
Anunciaron más despidos, el día que la Justicia procesó por coimero al abogado de Milei, al que registraba más visitas a Olivos en las noches de ópera en el microcine. El que afanaba con Calvete, pero se quejaba porque Garbellini robaba para los Menem y no repartía.
El que habló por primera vez, del 3% de Karina.
Anunciaron que posiblemente se queden en la calle, entre 30 mil y 60 mil estatales, cuando se fue de Nucleoeléctrica, el que ganó del Estado 15 millones por mes en los últimos nueve meses, el que saldó en un abrir y cerrar de ojos una deuda personal por 815 millones de pesos y se animó a decir que el problema de la «Argentina, eran los argentinos».