«El Estado argentino debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos, conforme a los estándares interamericanos». Firmado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por la violencia oficial durante la marcha de los jubilados, del pasado 12 de marzo.
El organismo dependiente de la OEA, destacó que 20 personas resultaron heridas, incluyendo una jubilada de 81 años con traumatismo craneano; 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14; ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de Pablo Grillo, «así como profesionales de prensa que fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa».
«La protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas» y «el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales. El Estado argentino tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso.
El Estado tiene la obligación de garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y para garantizar el escrutinio público de la actuación policial».
Respecto a la denuncia por «prevaricato, omisión de deberes y encubrimiento» que el Ministerio de Seguridad Nacional presentó contra la jueza Karina Andrade, la Comisión indicó que «el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial. La Justicia no puede ser inhibida por la presentación de denuncias penales, por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos».
Y subrayó que la participación de algunas personas en actos de violencia durante una manifestación, «no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta», ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente. En estos casos, «los agentes de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia y utilizando la fuerza solo como último recurso, de forma excepcional, proporcional y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales».
Al final del comunicado, la CIDH expresó su reconocimiento «a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, la cual ha sido fundamental para el fortalecimiento de su democracia» y por eso urge al Estado argentino, investigar «de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia», los posibles excesos en el uso de la fuerza y «sancionar a quienes resulten responsables», al tiempo que instó a las autoridades a «promover un diálogo genuino, efectivo e inclusivo para atender las legítimas demandas de la población».
«Fenómeno barrial», es la frase que distanció para siempre a López Murphy de Milei y suele ser utilizada por el presidente para analizar irónicamente ante la oposición, el peso que el cree que tiene su imagen en el mundo. Patricia Bullrich es parte de ese fenómeno, aunque haya malgastado miles de 4 de julio en la embajada de Estados Unidos, brindando por la independencia yanqui.
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Editorial de Gustavo Campana, del viernes 21 de marzo en LA MAÑANA (AM750)