Octubre de 1983. Reynaldo Benito Bignone firmó el decreto 2726/83, que “daba de baja” las constancias de antecedentes de personas que habían estado privadas de su libertad. Un mes después, Cristino Nicolaides, en su carácter de comandante del Ejército, ordenó incinerar todos los archivos. Distintos testimonios sostuvieron desde 1983, que esa información había sido microfilmada.
Pablo Llonto presentó ante la justicia federal, un pedido para que se busquen los documentos en los que la última dictadura detalló el destino de los desaparecidos; textos que posiblemente estén todavía en poder de las Fuerzas Armadas. Llonto pidió que se investigue el robo o el ocultamiento.
En democracia, la aparición de algunos archivos mostró que había registros sobre las víctimas del terrorismo de Estado, aunque se presume que muchos de ellos permanecen en poder de los perpetradores.
“Con el fin de determinar el destino de cada víctima (desaparecido o asesinado por los grupos de tareas de la Fuerza Aérea y/o por el accionar de otras fuerzas) es necesario que el Juzgado determine qué ocurrió con la importante cantidad de material documental que durante el período 1976-1983 la inteligencia de la Fuerza Aérea recopiló de propia mano y que obtuvo gracias a la tortura llevada adelante por los integrantes de los grupos de tareas, por la infiltración o por el seguimiento, de distintas maneras, de militantes, familiares y toda aquella persona a quienes consideraban ‘enemiga’ o ‘sospechosa’. Solo el hallazgo de esos documentos podrá ayudar a la definitiva determinación del lugar de cautiverio de cada secuestrado, el destino final de cada secuestrado, los datos de los integrantes (militares, policiales y civiles) de los grupos de tareas y sus responsables jerárquicos en la Fuerza Aérea”, dice la presentación.
Orestes Vaello, un suboficial del Ejército que prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, se presentó a declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) con unos papeles que ordenaban los secuestros de determinados “blancos”, que no eran más que los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices. Las órdenes, originadas en el propio Batallón de Inteligencia 601 y enviadas al servicio de inteligencia de la policía bonaerense, decían que el grado de peligrosidad era “mínimo”.
