Juicio a las Juntas: 9 de diciembre del 85, a 40 años de la condena histórica

Cuando el grupo recién comenzaba su trabajajo, una renuncia conmovió la estructura de la CONADEP. Después de participar en las primeras reuniones se fue René Favaloro, porque no aceptó que las investigaciones partieran desde 1976 y no se juzgara a los grupos revolucionarios.
La segunda dimisión fue la de Marshall Meyer, el único extranjero que tenía la Comisión. El rabino regresó a Estados Unidos en julio de 1984, para trabajar como profesor en la Universidad de Judaísmo de Los Angeles. Pero antes de irse, Meyer nos dejó dos palabras que se convirtieron para siempre en un símbolo de la democracia argentina: “Nunca más”. Ese era el lema utilizado por los sobrevivientes del gueto de Varsovia, para repudiar los crímenes del nazismo.

El 18 de septiembre de 1985, cuando Strassera cerró su alegato con «Quiero utilizar una frase que ya no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino», estaba cosechando la semilla que había sembrado el rabino que había nacido en Brooklyn y vivido 25 años entre nosotros. Fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, salvó todas las vidas que pudo y llevó su palabra a las cárceles de la dictadura.

El siglo XX argentino había sumado demasiada muerte impune. La Semana Trágica, los fusilamientos de la Patagonia, los trabajadores asesinados en las huelgas de La Forestal, la masacre de Napalpí, el bombardeo a la Plaza de Mayo, los fusilamientos de 1956, el Plan Conintes, Trelew, la Triple A y 30 mil desaparecidos. Todos estos hechos encabezaban en 1985, una lista interminable de ejecuciones en nombre del «poder real».
El Juicio a las Juntas, condenó al pasado y operó hacia adelante como un dique que frenó los procesos de cacería humana, que un sector de la sociedad había naturalizado; casi como procesos de depuración.

Aquel país 85 gozaba de la alegría del regreso de derechos, Constitución y libertad, pero no encontraba el camino para empezar a reconstruir el aparato productivo destrozado por Martínez de Hoz. Cuatro días después de la primera audiencia del Juicio a las Juntas que habían matado en nombre de las corporaciones, el 26 de abril el presidente democrático invitaba a las víctimas a padecer otra vez, con el anuncio de un plan heterodoxo de ajuste, que presentó como “economía de guerra”…
En este escenario complejo, lleno de obstáculos propios y ajenos, en medio de esa esperanza árida y fértil al mismo tiempo, se llevó a cabo un juicio inimaginable de la mano de una decisión política de estreno; un proceso imposible de ser soñado después del 24 de marzo de 1976. Un juicio único, llevado a cabo en una época plagada de transiciones negociadas antes y después de aquel 85: Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal, Sudáfrica y muchos etc. más.

Frente a frente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires y nueve uniformados: Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo. Faltaban los civiles que habían auspiciado política y económicamente, la muerte de una generación. Se iban a juzgar las violaciones a los derechos humanos que habían sido el resultado según la condena, de un «plan sistemático» elaborado por las Fuerzas Armadas; pero jamás esos tres triunviratos fueron condenados por terminar con un gobierno democrático.

En el juicio quedaron constancia de 3401 reclamos diplomáticos provenientes de 50 países, sobre la suerte de 1652 desaparecidos y existieron 4162 reclamos ante las Naciones Unidas.

Abril 22. Primera jornada del Juicio a las Juntas. Un hecho sin precedentes en nuestra historia y el único en el mundo, en el marco de una época plagada de transiciones negociadas (Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal, Sudáfrica, etc.).
Luder fue el primer testigo, para hablar de aquel decreto del 75, que ordenaba «aniquilar el accionar» de la subversión. El mismo día el vicealmirante Luis María Mendía amparó a la muerte, diciendo que “aniquilar significa destruir, reducir a la nada». El fiscal Strassera le preguntó si «aniquilar» autorizaba a obtener información a cualquier precio, torturando y eliminando físicamente al individuo indefenso”. Mendía contestó: «No, señor presidente, de ninguna manera autoriza ninguna de esas actitudes».

El 22 de julio llegó a la sala Jorge Luis Borges, justo el día que durante más de cuatro horas dejó su testimonio Víctor Basterra, el desaparecido de las fotos valientes: “Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer”.

900 horas, 672 periodistas, 833 testigos (la mayoría secuestrados y torturados, los verdaderos héroes del juicio) y tres toneladas de expedientes de los que formaban parte 4000 hábeas corpus o denuncias de desaparición de Capital Federal, 5000 de las provincias y 4000 reclamos diplomáticos.

Un día como hoy, hace 40 años se conoció la sentencia. Condenados por unanimidad por violaciones a los derechos humanos: Perpetua para Videla y Massera; 17 años para Roberto Viola; 8 años para Armando Lambruschini y 4 años y medio Orlando Ramón Agosti. Absueltos: Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo.
No hubo condenas por robo de bebés, porque la Cámara consideró que el número de acusaciones no era suficiente para probar un método concertado.

El fallo colocó a la Argentina a la vanguardia de los derechos humanos en el mundo. El juicio habló de un «plan criminal» y condenó a quienes dieron las órdenes, comenzaba un tiempo de impunidad para quienes las habían ejecutado, que recién se rompió con la primera condena en 2006, 21 años después, al Turco Julián torturador del Olimpo.