El empresariado argentino, siempre encuentra en la pérdida de derechos de los trabajadores, un motivo de brindis que refuerza la unidad del capital. Llevan en el corazón, la estampita de Robustiano Patrón Costas (el que no le perdonaba al peronismo que un obrero lo mirara a los ojos) y ven en un ticket canasta, el regreso del espíritu de los vales con los que pagaba La Forestal.
Seguramente están de acuerdo con que la escuela de oficiales de la Federal, vuelva a llamarse «Ramón L. Falcón» por decisión de Patricia Bullrich, porque merece un reivindicación histórica en el siglo XXI, el coronel que participó de «La campaña al desierto», el que desalojó con agua helada a las familias que protestaban en los conventillos en la «Huelga de inquilinos» de 1907 y el que ordenó la matanza obrera del 1 de mayo de 1909.
No se trata solo de un cambio de leyes, aspiran a instalar una contracultura democrática, basada en el poder de las minorías para encojer los sueños de la mayoría.
Son los mismos dueños y gerentes que entregaron a la última dictadura, los listados para que la limpieza ideológica purifique sus fábricas, con el exterminio de los que reclamaban salarios y condiciones laborales y fueron bautizados por la patronal como «subversión industrial».
Con total hipocresía, al autopercibirse próceres nacionales por crear empleo, el Estado siempre tuvo la obligación de cumplir con las promesas, que nunca asumió la mano invisible del mercado. Y lo que no solucionaban oferta y demanda, lo tenía que reparar el presupuesto público. Recibieron subsidios de todo tipo, tamaño y color: moratorias impositivas y blanqueos, créditos de la banca estatal a tasas bajísimas, autorizaciones para toma de deuda externa, estatizaciones de sus obligaciones impagas, saben que cuando reina la derecha pueden fugar la guita sin ningún problema y crearon el monotributo y el trabajador con talonario de facturas, para empezar a matar al recibo de sueldo. A este combo de privilegios medievales, absolutamente incomplatibles con la democracia, lo bautizaron «seguridad jurídica».
El presupuesto 2026 habilita la compensación retroactiva a las distribuidoras eléctricas por supuestos ingresos no percibidos, durante los distintos congelamientos de precios ocurridos desde enero del 2002. Milei-Caputo buscan beneficiar a las grandes compañías, reconociendo una deuda de más o menos 3.600 millones de dólares.
Con el mismo motivo se establecieron los tarifazos de Aranguren en tiempos de Macri, los que aumentaron la energía eléctrica entre un 3.400% y 5.500%, según la categoría y el consumo. Y a los aumentos inhumanos de Cambiemos, sumemos el casi 400% de aumento en el gobierno libertario.
La patronal local escribe la reforma laboral del gobierno nacional, como lo hicieron los técnicos de Techint y del estudio de Funes de Rioja, en el DNU 70/2023 y en la Ley Bases. Y ahora buscaron la pluma del inefable Julián de Diego, quien se especializada en asesorar a empresas como Rappi y agencias de trabajo temporario. Apareció en escena como autor de la ley de ART en los 90, el punto de partida de protuario como enemigo de los derechos que protegen a los trabajadores. Por si hace falta recordarlo, aquella norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación por limitar las indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo. En esas manos estamos…
La reforma que supuestamente moderniza las condiciones laborales, fue diseñada para terminar con las obligaciones del empleador. La síntesis dice «bajar salarios para otimizar ganancias y poder despedir barato ahora, para después renovar el plantel con nuevos trabajadores sin derechos». Detrás de los números flacos de la crisis generada por el neoliberalismo por cuarta vez en 49 años, escondida detrás de la miseria planificada, está el fracaso de estos millonarios, en su rol de empresarios.
Juntaron la guita en un proceso de acumulación, que un día fue fabricar, más tarde importar y finalmente jugar en la timba financiera.
Piden esclavitud moderna, porque como industriales estafaron a sus trabajadores, no invirtieron en tecnología y nunca fueron auténticos liberales que metieron la mano en su bolsillo para ser competitivos.
El éxito de sus cuentas bancarias y propiedades, poco tiene que ver con su condición de empresarios y en muchísimos casos, está comprobado que juntaron mucho más con los contratos leoninos de la «patria contratista», la evasión, el contrabando y la especulación financiera, que como industriales bancados por el Estado que odian.
La ambición de la patronal, hoy tiene la complicidad total del Gobierno nacional para cumplir dos grandes sueños: terminar con el peronismo y el sindicalismo.
Quieren volver a la Argentina sin derechos, ni distribución de la riqueza. Quieren un país en blanco y negro, para recaudar en todos los colores…