Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno libertario solo tiene dos objetivos: la concentración de la riqueza en la «patria financiera», el campo y los sectores extractivistas y como consecuencia de su plan econónimo, necesita un Estado represivo para domesticar a los que quedan afuera de los tres negocios.La porción de la Argentina privilegiada, es menor al 10% de la población y desarrollar políticas destinadas exclusivamente a su engorde, implica condenar a trabajo forzado al 90% del país.
La decisión de los encarnan la «vía democrática de la dictadura», deriva en fuerzas de seguridad que cotidianamente erosionan esta esta república simulada, para poder mantener cierta escenografía constitucional.
Pero mientras el hambre avanza en la marginalidad donde todos perdieron todo y la pobreza de estreno crece en la clase media, el neoliberalismo instala un estado de sitio cada vez más explícito; a través del único sector que en un año y medio no sufrió despidos, que gozó de aumento de presupuesto y que ahora va posponer los retiros de los oficiales y va a convocar a personal retirado.
La «República de Bullrich», se basa en la necesidad de transferir ciertas facultades del ámbito civil al uniformado, para domesticar a millones de seres humanos y transformar a Policía, Gendarmería y Prefectura, en capataces de un pueblo con derechos suspendidos. Tres actores con facultades extraordinarias, sin autorización judicial previa, para ejecutar detenciones, controlar el territorio y encojer las libertades públicas al mínimo.
Como en las viejas dictaduras padecidas por el pueblo argentino en el siglo XX, el decreto con el que Bullich va a perseguir a Carolina Serrano, implica el interminable ninguneo al Congreso, el fin de la legitimidad del mandato presidencial y un gran signo de debilidad política, frente a la consecuencias que genera su ajuste.
Habilitar detenciones arbitrarias, espionaje ilegal y establecer controles para evitar manifestaciones públicas; es Doctrina de la Seguridad Nacional y el principal objetivo de esta guerra, es el «enemigo interno».
La monarquía que encabeza Milei, es la antítesis de la seguridad pública, es una amenaza. Argentina se transformó en una Nación con derecho de admisión, demasiada parecida al sueño que este Gobierno expuso a poco de asumir, cuando le parecía lógico decretar que tres personas tuvieran que pedir autorización para juntarse en una esquina.
«Detener por un máximo de 10 horas por averiguación de antecedentes», son los edictos de Onganía; «retenes policiales», significa regresar a la última dictadura; «calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir», significa listas negras y «control de redes sociales», no es otra cosas que censura.
El cinismo que encierra, ejercer sometimiento como sinónimo de prevención, criminalización de la protesta social como equivalente a orden y eficacia enmascarando ilegalidad; nos pone en peligro de extinción democrática. Dicen que están facultados por la Ley Bases, pero ese bando virreinal que les el «oficialismo opositor», los habilita a cambios administrativos en el Estado, no a poner patas para arriba a la Ley de Seguridad.
Dos cosas más. Si van a perseguir a quienes por las redes alteren la paz social, tengo el nombre de un estafador que hace cuatro meses le metió la mano en el bolsillo a unos cuantos por twitter, jugando con criptomonedas.
Y por último, uno entiende la necesidad de entonar canciones nuevas, pero por ahora, la realidad de obliga a recordar viejos clásicos («Apremios ilegales»)…