SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL: El nuevo enemigo interno vive en la Patagonia (Fragmento de «Culpables», de Gustavo Campana)
El lunes 30 de enero de 2017, siete meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado, el diario La Nación dio el primer paso, cuando habló de “Violencia mapuche en Chubut”. En su editorial los Saguier planteaban que “Resistencia Ancestral Mapuche es una agrupación formada por descendientes de etnias mapuches que pretenden recuperar tierras de sus mayores en la Argentina y Chile y formar una nación propia que se extienda en ambos lados de los Andes. La resistencia ancestral que propugna no es retórica ni discursiva, sino violenta. RAM se siente autorizada a ejercer la fuerza para lograr sus objetivos y promete que, dentro de su territorio, ‘sólo habrá justicia ancestral’. O sea, no regirán allí las leyes argentinas ni chilenas, sino las normas consuetudinarias que esos pueblos aplicaban conforme sus tradiciones centenarias.
Facundo Jones Huala encabeza ese movimiento, que ha tomado notoriedad por sus ataques a estancieros y productores mediante incendios, robos de ganado, tomas de tierras, daños a propiedades y lesiones a personas en Chubut. Incluso, interfirió servicios públicos mediante un prolongado corte al tradicional Expreso Patagónico (‘la Trochita’). Poco han hecho los jueces y fiscales por miedo a las represalias”.
Primer gran capítulo de la creación mediática por encargo del poder político, de un grupo con apoyo externo capaz de dividir el país en dos, a través de una capacidad de fuego que aumentará a medida que se necesite profundizar la victimización del victimario. “La pretensión de invocar razones superiores para ignorar el orden democrático e instaurar un sistema que se considera más justo, más igualitario o más legítimo es conocida. De la pequeña justicia por mano propia al completo trastrocamiento institucional, todas esas variantes han dañado mucho a los países de la región.
Las recientes declaraciones de Jones Huala instando a combatir el régimen ‘capitalista, de represión y tortura’ hasta ‘vencer o morir’ configuran delito de sedición, que se suma a los múltiples crímenes que convirtieron esa región en zona liberada”.
La costumbre de Cambiemos de pasar por encima de normas constitucionales, en temas de alta sensibilidad política, económica y social, fue ratificada el último día de junio de 2016, con el Decreto 820/2016. Amparado en la excusa de la “búsqueda de inversiones”, Macri modificó la Ley de Tierras Rurales 26.737 (2011); ampliando los límites para la compra de campos y favoreciendo la apropiación de espejos de agua y otros recursos, por parte de ciudadanos extranjeros.
Dos semanas antes del DNU, un gran aliado del macrismo, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, brindó un adelanto de la decisión presidencial en el Coloquio IDEA. En ese foro del capital, el funcionario instó a terminar con la ley kirchnerista que limita la venta de tierras a capitales extranjeros”.
La norma impulsada por el kirchnerismo, ordenaba que el 15% del total de tierras rurales del país, podía ser extranjerizada; porcentaje que no afectaba a las propiedades adquiridas con anterioridad a la ley. Cambiemos eliminó por completo los controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP, sobre el capital que aterriza en la Argentina para comprar parte de su superficie e invitó a convertir el país en un gran negocio inmobiliario.
“Existe además una dimensión ética insoslayable. La idea de que ‘sólo habrá justicia ancestral’ en las tierras que pretenden ocupar los seguidores de Jones Huala implica una regresión incompatible con los valores de la Constitución nacional.
Una cosa es respetar el legado de los mayores, manteniendo tradiciones que enriquecen la diversidad cultural, y otra muy distinta es alzarse en armas para secesionar parte del territorio y aplicar allí normas ajenas al orden jurídico argentino, que niegan valores universales.
Los reclamos de Jones Huala y sus seguidores han excedido, además, las reivindicaciones históricas de su pueblo para servir de vehículo al cual se suben todas las ideologías, odios y resentimientos que desgarran a las naciones latinoamericanas. El fuego sagrado que parece inspirar al joven rionegrino debería dedicarse a inflamar de otra manera corazones, propiciando el bienestar de su pueblo”, agregaba el texto en defensa de magnates extranjeros como Lewis, que tienen subordinada a las fuerzas de seguridad local, a un rol de custodia de sus bienes.“Como el resto de los argentinos, nuestros hermanos mapuches, descendientes de boroas, pehuenches y huliches, así como quienes se reconocen tobas, matacos, mocovíes, guaraníes, tehuelches y quechuas, aspiran al bienestar de sus familias y a educar a sus hijos para que logren su realización personal en un mundo competitivo, conectado y tecnológico, sin olvidar nunca su pasado.
Ese es el verdadero logro que se espera de quienes aman sus pueblos de origen y no el fracaso impulsado por quienes los usan para satisfacer patologías individuales hasta el punto de cometer delitos gravísimos que la Nación no debe tolerar”, sentenciaba un diario que se aprestaba a una versión mediática de la Campaña al Desierto de Roca, en la segunda mitad del año.
Diciembre 2017. El Ministerio de Seguridad publicó junto a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro, un informe con 96 causas judiciales (incluido un homicidio), tráfico de armas y vínculos criminales con organizaciones mapuches chilenas. 84 casos carecían de autores identificados y solo en 12 oportunidades se hablaba de personas concretas, muchas de ellas sobreseídas en ese momento.
La ingeniería de esta nueva doctrina del miedo, nunca contó con pruebas concretas sobre la existencia de esta supuesta organización terrorista. Su creador Pablo Noceti, por entonces a las órdenes de Patricia Bullrich.
Un año y medio después, la Justicia de Esquel determinó que no existían rastros de la RAM, y que la mayoría de esos procesos habían sido archivados por falta de evidencias. También quedó comprobado que se fraguaron pruebas para inculpar a mapuches y militantes políticos, una metodología similar a la aplicada por los Carabineros chilenos.
También en diciembre del ’17, el macrismo lanzó el primer Plan nacional de Derechos Humanos. Una novela rosa sin sustento, frente a la criminalización de la protesta política, sindical, estudiantil y social; la multiplicación de presos políticos; las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la creación del nuevo enemigo interno para alimentar el regreso de la seguridad interior y un intento por neutralizar memoria, verdad y justicia.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Archivo de Casos, en su Informe de la Situación Represiva Nacional 2018, destacó que Cambiemos en tres años de gobierno, elevó el índice de personas asesinadas en manos del Estado: de una cada 29 horas en 2015, a una cada 21 horas a finales del 2018.
La desaparición de Santiago Maldonado (28 años) el 1 de agosto y el asesinato de Rafael Nahuel (21 años), el 25 de noviembre, instalaron el delirio de una RAM plantada en el sur, con la logística de una fuerza revolucionaria que ponía en jaque a los gobiernos de Argentina y Chile.
Dos años después, de aquel editorial de La Nación inaugurando el ciclo de mentiras oficiales, ya no queda absolutamente nada. Ningún integrante del Gobierno, volvió a hablar de la RAM. Dejaron de advertirnos sobre los peligros que encerraba ese grupo armado con hachas oxidadas, un par de cuchillos y dos celulares…
La historia de Fausto Jones Huala, se encargó de comenzar a cerrar el último capítulo de la farsa neoliberal. Se había presentado ante la Justicia el 14 de enero de 2019 y en el juicio abreviado al que fue sometido, se comprobó que se defendió con piedras frente a los prefectos del grupo Albatros que asesinaron a Rafael Nahuel. Fausto fue sobreseído por el delito de “usurpación”, mientras que se le estableció una pena de seis meses en suspenso por el delito del “atentado a la autoridad”, porque reconoció haberse enfrentado con piedras a los uniformados.
Jones Huala había sido procesado a principios de enero por el juez federal Leónidas Moldes, quien además le dictó la prisión preventiva. Desde mayo de 2018 se encontraba “prófugo” para la Justicia que había revocado su excarcelación. Pero luego de 24 horas, recuperó su libertad.
La nueva situación procesal del joven mapuche, que junto con Lautaro González Curruhuinca, bajaron el cuerpo sin vida de Rafael hasta la ruta, lo habilitaría para declarar como testigo en el expediente que investiga el asesinato de Nahuel.
En el acuerdo de partes homologado por la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, quedó establecido que Jones Huala no utilizó armas de fuego contra los integrantes del grupo Albatros, desbaratando el relato del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la existencia de un enfrentamiento entre la comunidad mapuche y los miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Jones Huala estaba al lado de la víctima, intentando evitar ser alcanzado por alguna de las entre 114 y 129 balas 9 milímetros que dispararon los cinco Albatros que el 25 de noviembre de 2017 ingresaron unos mil metros territorio adentro de la comunidad mapuche Lafken WinkulMapu, en Villa Mascardi (resultados de la pericia del Centro Atómico de Bariloche, de marzo de 2018).
En el juicio abreviado se dio por sentado que Jones Huala no portaba armas de fuego, terminando con la teoría de la ministra Patricia Bullrich sobre una emboscada mapuche. El relato del enfrentamiento fue edificado por el Ministerio de Seguridad a partir de un audio de WhatsApp del Oficial Principal Pablo Rubén Berra, jefe del operativo de los Albatros que concluyó con el asesinato de Rafael Nahuel. Ese audio fue enviado por Berra minutos antes que se le secuestre el teléfono celular. Un día después, el 26 de noviembre, la ministra Patricia Bullrich dio por cierta la versión y repitió la teoría del enfrentamiento, a pesar de la ausencia de pruebas que la sustenten.
El 25 de noviembre de 2017, durante un operativo represivo de Los Albatros de la Prefectura Naval en la localidad de Villa Mascardi (Bariloche), un joven mapuche de 22 años, murió a causa de una herida de bala calibre 9 milímetros en su espalda. El desalojo de esas tierras, lo había ordenado el juez federal Gustavo Villanueva. El asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, estuvo a cargo de los Albatros de la Prefectura Naval Argentina, en las costas del lago Mascardi. Ese día el pueblo bonaerense de 25 de mayo, enterraba a Santiago en su ciudad natal.