CAUSA PENDIENTE (Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso), Radio Nacional 13 de agosto de 2022
La industria farmacéutica, es una de las corporaciones que generan mayor facturación a nivel mundial. El impresionante volumen de dinero que movilizan, le permite a los grandes laboratorios, una gigantesca acumulación de poder. Su rol resulta decisivo, a la hora de regular las políticas de producción, distribución, comercialización e incentivación del consumo de medicamentos.
En el primer trimestre de este año, la recaudación total de la industria farmacéutica en la Argentina, llegó a 164.783 millones de pesos, equivalente a 1.500 millones de dólares. Una cifra que representó un incremento del 48,2%, con relación al mismo período del año pasado.
En todo el mundo, la influyente “opinión” de los laboratorios, sabe hacerse escuchar para direccionar las normas que regulan a todo el sector y nuestra historia, acumula dolorosos antecedentes relacionados con las “órdenes” políticas y económicas, que impartió la industria farmacéutica.
Con Ramón Carrillo al frente de la Salud pública, se construyeron en Argentina, entre 1946 y 1954, 234 hospitales, 60 Institutos de Especialización, 50 Centros Materno-infantiles, 16 escuelas Técnicas, 9 Hogares-escuela y Unidades Sanitarias y 23 Laboratorios.
Bajo el gobierno de Arturo Illia en 1963, se elaboró un informe sobre la incidencia de los gastos en salud para los grupos familiares. El estudio demostró que para los sectores de menores ingresos, este rubro representaba el 62% del presupuesto familiar.
Como respuesta a la imperiosa necesidad de bajar esos costos, en enero de 1964, el Parlamento nacional comenzó a debatir un proyecto de Ley de Medicamentos, impulsado por el entonces ministro de Salud, Arturo Oñativia.
Aquel proyecto sostenía que los medicamentos eran un bien social, cuyo acceso debía garantizarse a la población y que sus precios y comercialización, debían ser regulados por el Estado.
Los derechos quedaron consagrados en dos leyes. Una fue la 16.463, que establecía el control del Estado en las importaciones, exportaciones, producción, elaboración, fraccionamiento y comercialización de los medicamentos.
Creaba además el Instituto de Farmacología y Normalización de Drogas y Medicamentos, con funciones para analizar y controlar productos farmacéuticos. Una tarea que permitía también, establecer normas y condiciones, tanto para la conservación como para la preparación de las especialidades medicinales.
La 16.462 le otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional, la facultad de establecer normas orientadas a estructurar y organizar la producción, elaboración, fraccionamiento y logística de las especialidades medicinales. También facultaba al Gobierno nacional, a regular la importación y exportación, e incluso la fiscalización de la producción.
Por entonces, Illia firmó un Decreto por el que dispuso que las empresas farmacéuticas, debían presentar ante la autoridad sanitaria, la estructura de costos, gastos, elaboraciones, ventas y movimientos internos.
Lo hacían a través de declaraciones juradas correspondientes al último ejercicio comercial. De esa manera, establecía un control sobre los laboratorios a través de un esquema de precios regulados.
La audaz determinación de tener un Estado presente y activo en el control de los medicamentos, para que tengan llegada a la población a un precio justo, generó el apoyo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, la Confederación General de Empleados de Comercio y la Confederación Farmacéutica y Bioquímica Argentina.
El 1 de mayo de 1965 y en la Apertura del 96 período de Sesiones Legislativas del Congreso nacional, Illia anunció los cambios profundos.
La ley Oñativia generó las esperables críticas, de los pesos pesados de la industria. Las compañías farmacéuticas, especialmente las multinacionales, pusieron el grito en el cielo. Plantearon que se trataba de una arbitrariedad y denunciaban a la ley como un intento de dirigismo estatal.
Recurrían, engañosamente a la palabra libertad, asegurando que atentaba contra la libre empresa y la competencia.
Los laboratorios extranjeros actuaron en bloque. Pidieron a gobiernos de sus países de origen, que se involucren con acciones concretas. Así fue que varios de ellos, obstaculizaron la reestructuración de una deuda que tenía argentina con el Club de París.
Llenaron de pautas publicitarias a los medios de comunicación, los que por encargo del “poder real”, comenzaron una virulenta campaña de desgaste de la figura presidencial.
A partir de esa brutal campaña de desprestigio, Arturo Illia comenzó a ser una “tortuga”. Diarios y revistas le dedicaron extensas editoriales cuestionando su gestión como lenta para tomar determinaciones. Medios que promovía abiertamente la necesidad de la intervención militar, financiados para propiciar un golpe que, finalmente ocurrió el 28 de junio de 1966.
Las corporaciones farmacéuticas ganaron la pulseada. Sus intereses doblegaron al gobierno instalando una nueva dictadura cívico-militar en el país. Esta vez encabezada por el General Juan Carlos Onganía, quien diez días después de asaltar la Casa Rosada, derogó las leyes Oñativia y decretó el precio libre de los medicamentos.
Junio de 1966. El por entonces, mayor Ramón Camps, anunció al país el “Estatuto de la Revolución Argentina”.
45 años después, Argentina tuvo Ley de Medicamentos Públicos.
En la actualidad, la industria farmacéutica desarrolla en todo el planeta, una política comercial que hace centro en dos cuestiones: lograr el reconocimiento de las patentes médicas y sostener el exceso de producción multiplicando su oferta de productos, que con el mismo componente central como droga, se van mutando en muchas marcas, a partir de agregados que tienen como único fin extender el horizonte de rentabilidad.
Las grandes farmacéuticas están creando constantemente nuevos medicamentos, para combatir el daño que provocan a sus intereses, los vencimientos de patentes.
Argentina presenta características ideales para la multiplicación de ganancias, porque es uno de los países con mayor consumo de medicamentos por habitante. Tres de cada cuatro adultos, toman remedios sin prescripción médica. Y lo que es peor aún, el mal uso mata.
Unas 5.400 personas fallecen cada año, por el abuso del uso de analgésicos. Así lo informó en 2018, un relevamiento del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que alertó que este tipo de sobredosis aumentó un 30% respecto a 2015. Se trata de una polémica planetaria.
Nuestro país se encuentra entre los primeros 12 países del mundo, que consume más medicamentos. Además de ser resultado de un complejo entramado social y cultural, esta tendencia es un extraordinario negocio para los laboratorios, que desde siempre, fijan los precios a su antojo.
Durante los 11 años que existió la convertibilidad, el espejismo 1 peso 1 dólar, Argentina llegó a ser el tercer país con los medicamentos más caros del mundo, detrás de Japón y Alemania.
Las ventas representaban el 1,5% de las producidas en todo el mundo. Durante ese período los laboratorios aplicaron aumentos constantes en los precios, hasta llegar a un techo del 180%, sin ningún proceso inflacionario que justifique semejante alza.
En 1992, los argentinos gastamos 3.370 millones de dólares en medicamentos. Desde 1998 hasta nuestros días la cifra se estabilizó en 6 mil millones. Las estadísticas señalan que un argentino consume en promedio 12 cajas de medicamentos por año, pero teniendo en cuenta la desigualdad socio económica que existe en nuestro país, el consumidor regular de medicamentos está muy por encima de este promedio.
Este plan de empujar los precios hacia arriba, no es algo que solamente padezcan países como la Argentina. A mediados de 2004, la prensa inglesa publicó un informe señalando que el costo de los medicamentos para el sistema nacional de salud británico, había aumentado un 50% en los últimos tres años; el equivalente a 2.300 millones de libras.
Durante la pandemia el negocio de los laboratorios, creció muchísimo. No solamente por las vacunas, que en todo el mundo fueron financiadas por los diferentes Estados. Datos del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, consignaron que en ese período se advirtió un gran aumento del consumo de psicofármacos. Dos marcas en especial: clonazepam y alprazolam.
Psicotrópicos que se encuentran entre los 15 más vendidos en el país y la tasa de crecimiento de su demanda, supera varias veces el promedio general.
Durante el primer año de la pandemia, el total de medicamentos vendidos fue de 689.838.945 unidades, aumentó un 1,35% y rompió la tendencia descendente de 2019.
Semejante volumen de facturación, alimenta a muy pocas empresas. Los 10 laboratorios más importantes de la Argentina, concentran el 49% de la facturación total y esa magnitud alcanza el 70%, si se consideran los primeros 20.
La falta de una industria nacional potente, para ocupar un lugar más destacado en el mercado local de medicamentos, provoca una gran salida de divisas. En 2021, las exportaciones acumularon un crecimiento del 23% y las importaciones 41%, profundizando el déficit comercial.
En este mismo período, más de 31% de los medicamentos vendidos fue de reventa de importados, en su mayoría por laboratorios multinacionales.
Para coronar un perfil definitivamente perverso de este lucrativo negocio, quizás haya que tomar nota de un informe publicado por la prensa inglesa, en el que los propios laboratorios, reconocen que la mayoría de los medicamentos que producen, no modifican los problemas por lo que la gente los consume.
Aquella no fue una “falsa noticia”. En una exposición entre pares, realizada en Londres en 2002 por Allen Roses, en ese entonces vicepresidente de la división Genética del poderoso laboratorio Glaxo, el genetista reconoció que menos de la mitad de los pacientes que reciben algunos de los medicamentos más caros, no se benefician con ninguno de ellos.
«Una enorme mayoría de medicamentos -más del 90%-, sólo actúan sobre el 30 y 50% de los pacientes», reconoció Roses. Los fármacos contra el Alzheimer, sólo son eficaces en un paciente de cada tres y las medicinas contra el cáncer, actúan positivamente en un cuarto de los enfermos.
Los laboratorios saben que la carga genética de los pacientes, impide en la mayoría de los casos, la verdadera acción del producto. Roses explicó que eso se podría solucionar, con un simple examen de ADN.
Hace 20 años, cuando el genetista Roses hizo esas declaraciones, hicimos un informe en Causa Pendiente, en el que consultamos al doctor Carlos Bregni, profesor titular de la Cátedra de Farmacotécnica de la Universidad de Buenos Aires. Bregni señaló que la producción de medicamentos que sirven muy poco, se había multiplicado…
Cada vez más y nuevos productos, inundan las góndolas de las farmacias. No se trata de nuevos avances científicos, de flamantes drogas al alcance de millones de seres humanos, para poner fin a sus enfermedades o padecimientos.
Ese mayor número de productos, es parte de una estrategia comercial, de un negocio que se recicla una y otra vez para multiplicar ganancias, haciéndonos creer que esos cambios son parte de la evolución científica, de descubrimientos de un mundo pujante que nos asombra día a día.
Los laboratorios medicinales tienen muy claro, que hasta por protocolos de investigación, esos pasos son mucho más lentos. Pero, también saben que el imaginario popular ha endiosado el avance de la ciencia y ellos están dispuestos a explotar esa imagen.
Las industrias farmacéuticas obtienen beneficios económicos extraordinarios, aunque esto signifique que muchos de sus medicamentos, en el mejor de los casos son inútiles y en otros, pueden ser peligrosos para la salud de quien lo consume creyendo que se encuentra en proceso de curación.
La imposibilidad de acceder a medicamentos por sus altos precios, es un problema mundial que abarca varias décadas. En 1998 murieron en el mundo, 510 mil chicos infectados de SIDA y no es casualidad que el 80% de ellos, vivían en Africa.
Hay una droga, la zidovudina, que funciona eficazmente para impedir la transmisión del virus, de la madre al bebe en período de gestación. Se aplica desde 1994 y es efectiva en el 95% de los casos. Su precio promedio era de mil dólares mensuales, para que la madre lo reciba desde la semana 14 hasta la 34 de su embarazo.
Recién en 2001, Sudáfrica ganó la crucial batalla que salvó miles de vidas. Las 39 empresas farmacéuticas multinacionales que habían demandado al gobierno por permitir la fabricación de medicamentos genéricos contra el SIDA, tuvieron que retirar la demanda ante la fuerte presión de la opinión pública.
Sudáfrica tenía por entonces, 4 millones setecientas mil personas infectadas con sida. Gracias a la iniciativa del gobierno, de permitir que todos los infectados puedan ser tratados con medicamentos elaborados en laboratorios locales contratados por el Estado, el costo anual del tratamiento bajo 1.200 a 40 dólares.
Aquel hecho fue de tal gravedad, que hasta el Vaticano lanzó un ataque sin precedentes contra los grandes grupos farmacéuticos a quienes acuso de genocidas. El jesuita Angelo Dagostino, fundador y director médico de un centro de atención a los niños pobres en Kenya, denunció que 400 personas morían en ese país por día debido al virus del SIDA. No recibían medicación por los altos precios que los laboratorios le han puesto a los remedios. Dagostino fue más contundente cuando trato de genocidas a las multinacionales farmacéuticas, recordándoles que en el año 2002 tuvieron ganancias mundiales por 517 mil millones de dólares.
La comunidad mundial debe pelear por lograr el reconocimiento para que el acceso a los medicamentos, sea considerado un derecho humano básico. Estos productos no pueden estar encuadrados en las reglas del libre comercio. Algunas naciones adoptaron posiciones muy firmes, para poner límites al manejo discrecional de los laboratorios medicinales.
El Brasil de Lula Presidente, decidió no respetar la patente medicinal de una droga contra el SIDA que estaba siendo utilizada por 25 mil pacientes. Lo hizo después que el laboratorio de origen suizo, Roche, no quiso bajar el precio de la caja de 270 unidades, que sirve para un mes de tratamiento y costaba 367 dólares.
En 2002, impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina sancionó la Ley 25.649 de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico. La iniciativa representó en la región un verdadero cambio de paradigma en la relación de la cadena que interviene en la industria farmacéutica local. Generó una disminución del precio de los medicamentos. Frenó notablemente la suba en un momento inflacionario de la Argentina y se recuperó muchísimo el acceso de la gente a medicamentos.
A través de los altos precios que imponen a fármacos con probada eficacia, los laboratorios se atribuyen la posibilidad de regular la sobreviva en países pobres. En Nigeria tan sólo el 15% de los chicos que viven en zonas rurales reciben la vacuna triple contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa.
La hepatitis B causa un millón de muertes por año en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud y la Unicef establecieron la obligatoriedad de la vacuna que evitaría esas muertes. Sin embargo, su implementación se ha visto impedida por la falta de fondos en 41 países pobres en donde la enfermedad es altamente endémica.
La nueva norma ha encontrado cierta resistencia en muchos profesionales que dicen sentirse más seguros cuando recetan productos elaborados por laboratorios más reconocidos. ¿Se trata de un síntoma de desconfianza o hay otro tipo de intereses en juego? La pregunta surge porque una de las formas más cuestionadas que utilizan los laboratorios para vender más, es la de premiar solapadamente a los profesionales que más recetan sus productos.
A mayor cantidad de recetas destinadas a un mismo laboratorio mayores posibilidades de acceder a viajes y congresos que financian las industrias medicinales.
Se trata de una estrategia que ha quedado en desuso en la actualidad en gran parte por la pandemia y también por haber sido muy cuestionado por muchos profesionales. Entre ellos el Doctor Pablo Giordano quien, desde la Asociación de Entidades de Medicinas Prepagas, hace varios años se mostraba contrario a estas maniobras….
Desde un concepto amplio, generoso y humanitario, la investigación científica apunta a mejorar la calidad de vida de las personas. A finales de la década del ’90, el Doctor René Favaloro, hablaba de la necesidad de terminar con el “neofeudalismo”.
El Premio Nobel de Medicina, Cesar Milstein, consultado sobre el protagonismo contemporáneo de la ciencia y sus avances, dijo que los mismos deben beneficiar a todos los seres humanos, superando la barrera de pobres y ricos. Una definición que sigue esperando, ante la insensibilidad de los laboratorios farmacéuticos más poderosos de la tierra.