Los testimonios del periodista Héctor Pellizi y del ex comisario de la Policía Bonaerense, Benito Almada, conmovieron la memoria colectiva de muchos habitantes de Junín y también, la amnesia de muchos veteranos del pueblo. Los dos declararon en el juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura (desaparición de 24 personas) y señalaron la responsabilidad de la Sociedad Rural, en el circuito represivo.
Hoy se busca a los responsables del secuestro y desaparición de militantes del peronismo, Movimiento de Integración y Desarrollo e integrantes de una cooperativa, artistas, poetas y titiriteros.
Oscar Farías, un histórico dirigente de los derechos humanos de la ciudad, explicó que “entre estos detenidos, había personalidades de la cultura, un grupo de personas consideradas peligrosas porque se decía que le llenaban a la cabeza a la gente con ideas raras y por eso los querían eliminar”.
Pellizi aseguró que después del 24 de marzo de 1976, en una reunión de las fuerzas vivas de la ciudad, se votó el fusilamiento de 14 detenidos y uno de los que se pronunció a favor de la ejecución, fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural. Es más, el periodista agrega que cuando Cogorno tuvo que expresar su voluntad, estaban empatados 4 a 4 y el decidió la suerte de los ejecutados.
Almada señaló que Luis Alberto Camarro trabajaba como chofer del Poder Judicial y era el encargado de trasladar detenidos. Camarro le dijo que llevó Adrián Romié, uno de los desaparecidos que figuran en la causa, a la Sociedad Rural.
Son juzgados el ex militar Angel José Gómez Pola y seis ex policías, Edgardo Mastandrea (el ex experto en seguridad de Elisa Carrió, que durante mucho tiempo fue columnista de varios canales de noticias), Abel Oscar Bracken, Julio Angel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Angel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.
El juicio está permitiendo que la sociedad local, pueda conocer muchas de las cosas que hasta ahora eran secretas. Empiezan a surgir datos sobre horrores que no se conocían o de los que había confusa información. Ahora los fiscales se atan a cada palabra reveladora de los testigos, con el fin de abrir nuevas investigaciones y profundizar las líneas de análisis. El pasado fue tan bien cajoneado por el terror en Junín, que esas historias viejas hoy estallan en las tapas de los diarios locales, como noticias frescas.
Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria 22, por entonces en construcción y el destacamento de Puesto Morse.
La Sociedad Rural de la zona, emitió un singular comunicado en el que le pide a la Justicia, “una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos”. No niega, no oculta el prontuario de aquellos patrones de estancia… Posiblemente sabiendo demasiados detalles del rol de los viejos dirigentes terratenientes, los actuales buscan despegarse lo antes posible del añejo matrimonio de la dictadura con la entidad, que hoy ellos representan.