Dos datos periodísticos de ayer. Noticias que quizás no imagines como productos políticos nacidos en el mismo laboratorio, pero que en realidad son familiares muy directos. Ambos nos dan una mano para comprobar una vez más, esa necesidad de impunidad judicial que a esta altura del partido, comienzan a necesitar los hermanos Milei y toda su gente.
Apareció Capuchetti, la jueza macrista que entre otras cosas durmió la verdad sobre el atentado a Cristina y con velocidad envidiable para los tiempos que a la justicia argentina le demandan ciertas decisiones ligadas a la Casa Rosada; decidió archivar una causa penal contra el presidente. Pueden quedarse tranquilos los funcionarios que habían sido acusados de abuso de autoridad, por habilitar por decreto en octubre del año pasado, el ingreso de tropas estadounidenses al país sin autorización del Congreso.
La operación «Daga Atlántica», es la misma máscara que usaron el amo y el esclavo, para esconder la intención de los liberales locales de entregar soberanía y acordaron estos movimientos, mientras se activaban más 40 mil dólares en salvatajes económicos. Esta subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos, se dio mientaras Caputo protegía su pellejo con los 20 mil millones de dólares que recibió del Fondo Monetario en abril de 2025, el swap del Tesoro norteamericano por otros 20 mil en septiembre y los 3 o 4 mil millones de verdes más, que Bessent puso en octubre para frenar una corrida cambiaria antes de las elecciones de medio término.
Milei en su carácter de emperador intermitente, que solo deja el cargo cuando invita a invertir en una criptomoneda o sale de madrugada a jugar por las redes, dijo que 30 marines podían llevar a cabo ejercicios conjuntos con la Armada argentina en la base naval de Ushuaia; casualmente la misma que es objetivo estratégico de Trump para desalojar a China del Atlántico Sur.
Posiblemente lo peor de esta historia, sea la excusa que dio Capuchetti para salvar a Milei: «El dictado de un decreto de necesidad y urgencia no constituye, por sí mismo, un acto extraño al orden constitucional ni una usurpación automática de facultades legislativas. Se trata de una competencia constitucionalmente reconocida al Presidente de la Nación». Olvidó la doctora contarnos el motivo que empujó la «necesidad» de un ejercicio militar con las fuerzas que mandó Washington y fundamentalmente su urgencia; teniendo en cuenta que el Parlamento está vivito y coleando. Doctora, usted sabe mejor que cualquiera de nosotros, que los DNU son para «situaciones de emergencia», que se utilizan cuando en circunstancias extraordinarias, el Ejecutivo está obligado a tomar medidas inmediatas que no pueden esperar los tiempos legislativos. Y como nada de eso sucedió, usted como republicana tendría que haber soñado con una discusión parlamentaria, con un debate mínimo, en lugar de un decretazo a lo Nerón.
¿Con qué otra noticia tenemos que vincular este relato? Los movimientos que el presidente está dando por lograr jueces y Corte Suprema adictas a su urgencia de impunidad, es el eje del plan para cubrirse entre otras causas de Libra y para proteger al 3% de Karina del expediente ANDIS. El carácter «bananero» del decreto por el que se bajan los controles para elegir magistrados, es como mínimo inconstitucional.
Desalojar al pueblo de esa discusión para nombrar en trámite express a jueces sin antecedentes valiosos para serlo, pero con garantía de servilismo por tiempo indeterminado; solo es propio de una dictadura.
Con la zanahoria de un Estado más «rápido y eficienciente», pero nunca «mejor», el Gobierno ya no tendrá obligación de publicar el nombre y los antecedentes de los postulantes para la Corte y tampoco esperar que la ciudadanía se pronuncie.
Estos controles fueron dispuestos por Néstor Kirchner para terminar con la corte menemista, para intentar iniciar en 2003 un largo camino que en algún momento madure en Justicia independiente. No es casual que el primero que vulneró ese sueño hace poco más de una década fue Mauricio Macri, posiblemente el argentino con mayor necesidad de jueces corruptos que haya pasado por la Rosada. Nombró dos cortesanos por decreto, copó Comodoro Py con Pepín y Angelici, bancó la doctrina Irúrzun y arrancó con la persecución a opositores vía lawfare, que una década después le puso tobillera a Cristina.
La derecha argentina siempre tuvo magistrados oscuros, todos expertos en violentar la ley para salvar las papas del «poder real». Las causas que persiguen a Milei y compañía, necesitan de tanta corrupción judicial para no salir con esposas de Balcarse 50, que la sede del Gobierno en la Argentina podría mudarse dentro de pocos meses, solo para evitar intermediarios, a Talcahuano entre Tucumán y Lavalle.