Domingo de Pascua. Mientras el general Alais estaba parado en Zárate, la Policía Federal informó al gobierno después de la medianoche, que varios camiones habían salido de Campo de Mayo sin poder determinar su dirección. A las 03:00 los militares encargados de defender la Casa Rosada, tomaron posiciones de combate.
Dos horas después, Rico y Breide Obeid llegaron en helicóptero al Edificio Libertador para reunirse con el jefe del Ejército, General Héctor Ríos Ereñú.
Jaunarena arribó a las 07:00 a Campo de Mayo, pero las negociaciones con Rico, no fueron fructíferas. El militar le reprochó al ministro que el intendente de San Isidro, Melchor Posse, le había dicho que el gobierno aceptaría una amnistía. Rico exigía la presencia de Alfonsín y el presidente se dirigió a Campo de Mayo.
El Presidente explicó los alcances de Obediencia Debida; Rico pidió una ley de Amnistía y dijo que el movimiento nunca había tenido como objetivo dar un golpe de Estado. Finalmente, debatieron sobre el nuevo jefe del Ejército. Cuando el militar dijo “depongo mi actitud”, terminó el primer capítulo de los alzamientos carapintadas.
Alfonsín retornó a la Casa Rosada y volvió a salir al balcón. Aquel “Felices Pascuas, la casa está en orden” fue una expresión de deseos, no un “informe de la situación” fidedigno.
“Compatriotas, Felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la Justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la Guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión y hoy podemos todos dar gracias a Dios: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire, que es necesario que así se lo haga. Y le pido a todos ustedes, vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina”, Raúl Alfonsín.
Los sublevados no fueron detenidos ni sometidos a juicio y hasta 1990 siguieron operando contra la democracia.
El 21 de abril, el general Dante Caridi fue designado nuevo jefe del Ejército, en lugar de Héctor Ríos Ereñú, militar cuestionado por el sector carapintada. Pasaron a retiro a 17 generales y solo dos tenían más antigüedad que Caridi.
“Continuaremos dando testimonio y consolidando cada vez más nuestro ya probado e invariable apoyo al sistema republicano, como auténtica vocación conjunta. Afianzaremos nuestra integración con las otras Fuerzas Armadas, para con ellas conformar el brazo armado de la Republica. Es preciso tomar conciencia, de la real magnitud de los problemas que vive la institución e interiorizarse sobre los medios y forma de superarlos”, señaló Caridi en su asunción.
24 de abril. En Casa de Gobierno, se firmó el Acta de Compromiso Histórico en defensa de la democracia. Participaron los partidos políticos, CGT, Unión Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción y otras entidades intermedias. El documento quedó abierto a la firma de los ciudadanos.
Dos semanas después de “Semana santa”, los legisladores comenzaron a discutir Obediencia Debida; texto que permitía que, desde jefes hasta los más inferiores niveles, quedaran exentos de proceso alguno.
Cuando levantaron la mano para aprobar el segundo capítulo del perdón radical, muchos legisladores oficialistas alegaron, a la hora de defender lo indefendible, que actuaron por “disciplina partidaria”, no por convicción ideológica. Algunos diputados argumentaron que votaban tapándose la nariz y otros plantearon que aquello significaba la pérdida de su “virginidad política”. Pero tanto los convencidos, como los que adhirieron a pesar de todo, subrayaron que aquella antítesis de las condenas del ’85 era indispensable para defender al sistema. Una posición, que lejos de ser fruto de una fortaleza política, fue hija de la debilidad en la que había caído el alfonsinismo a mitad de camino del período presidencial.
Junio 8. El gobierno promulgó las leyes 23.521 de Obediencia Debida y 23.492 de Punto Final, eximiendo a los jefes, oficiales, subalternos, suboficiales y tropas de las Fuerzas Armadas y Seguridad.
Esto generó el desprocesamiento de más de 200 militares, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Jorge Barreiro.
En repudio a las leyes de perdón, Alfredo Bravo renunció como funcionario de Alfonsín.