Lluvioso miércoles 13 de abril de 2016. Poco después de las 11:00 Cristina Fernández habló ante una multitud que copó los alrededores de los tribunales de Comodoro Py. Decenas de miles de militantes la esperaron, mientras la expresidenta se presentaba en el cuarto piso, en el despacho del juez federal Claudio Bonadio. El juez de la «servilleta de Corach» y el máximo representante del lawfare macrista, la había citado a declarar como imputada en la causa por la venta de «dólar futuro», que nació en la denuncia de los legisladores de Cambiemos, el radical Mario Negri y el macrista Federico Pinedo. Antes, lo habían hecho el extitular del Banco Central Alejando Vanoli y el exministro de Economía Axel Kicillof.
Cristina le dijo a Bonadio y al fiscal Carlos Beraldi, quienes la acusaben de liderar una asociación ilícita, que no contestaría preguntas, porque si lo hacía, «No haría más que convalidar su manifiesta arbitrariedad, ilegalidad e incompetencia». Señaló que la denuncia que pesaba en su contra, «no tiene ningún asidero jurídico ni técnico. No me extraña dada la manifiesta incompetencia técnica de Su Señoría, así como también la manifiesta aversión política que tiene sobre la suscripta». Cuando le leyeron la acusación en su contra, la ex mandataria interrumpió la lectura para aclarar que la única organización en la que participó fue «la del Poder Ejecutivo Nacional en carácter de titular en dos oportunidades», además de ser «afiliada al Partido Justicialista».
Presentó dos escritos. Uno con su declaración indagatoria. Y el otro con el pedido de recusación del magistrado.
Habían pasado más de cuatro meses, desde el inédito 9 de diciembre de 2015 cuando se despidió de la presidencia, tras ocho años de gobierno, de cara al pueblo en una Plaza de Mayo colmada que desbordaba de gente en las calles aledañas.
“Muchas gracias por este regalo que me dan de bienvenida y de amor”, fueron sus primeras palabras ante la multitud que la escuchó durante casi una hora, en la que Cristina hizo un recorrido histórico de las persecuciones contra los expresidentes populares de la Argentina, Hipólito Yrigoyen y Juan Perón y también contra Evita: «No se podría haber consumado los atropellos y las desgracias sobre tantos argentinos sin la complicidad del Poder Judicial».
Aquella mañana de abril de 2016, sabiendo que el futuro solo iba a deparar ajuste, desocupación y deuda, la expresidenta señaló: «Quiero que la gente vuelva ser feliz en la Argentina».
Una década después, el lawfare macrista la encarceló en tiempos de Milei, de la mano de la causa Vialidad.
