Un hecho sin precedentes en nuestra historia y el único en el mundo, en el marco de una época plagada de transiciones negociadas (Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal, Sudáfrica, etc.).
Italo Luder fue el primer testigo. Había sido presidente interino durante el mandato de María Estela Martínez de Perón, en 1975, cuando se firmaron los decretos que le ordenaron a las Fuerzas Armadas actuar en todo el país y “aniquilar” a la subversión. Basados en esa línea, los defensores de los militares argumentaban que la represión había sido un acto ordenado por un gobierno democrático y legítimo.
Cuando se le preguntó por los alcances del término “aniquilar” que figuraba en los decretos, Luder dijo: “Quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley. Es simplemente agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas porque era necesario salvaguardar, no solo el orden constitucional, sino la propia vida de la Nación”.
Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf, José Deheza y otros ministros de aquel gobierno justicialista ratificaron lo que había dicho Luder: la orden de reprimir no significaba reprimir ilegalmente.
Ese mismo día testificó el vicealmirante Luis María Mendía: “El término aniquilar significa destruir, reducir a la nada. El reglamento del Ejército Argentino toma el término aniquilamiento y lo define como el efecto causado al destruir al enemigo mediante acciones militares”. El fiscal Strassera le preguntó si “aniquilar autoriza a obtener información a cualquier precio, torturando y eliminando físicamente al individuo indefenso”. Mendía contestó mirando al juez: “No, señor presidente, de ninguna manera autoriza ninguna de esas actitudes”.
A partir de la confesión de Scilingo en 1995, trascendió que Mendía fue Comandante de Operaciones Navales y su trabajo consistía en comunicar a los oficiales con destino en Puerto Belgrano, el método de exterminio que se utilizaría.
Mendía aseguró que la Iglesia había autorizado los vuelos de la muerte, porque era una “forma cristiana y poco violenta”. Adormecer a los secuestrados con inyecciones de “Pentonaval” y tirarlos vivos al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, para que sus cuerpos nunca aparecieran. Pero la marea empezó a empujar a cientos de cadáveres hacia las costas argentina (Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas) y uruguaya.
En el vuelo semanal de los miércoles, se calcula que casi dos mil personas fueron eliminadas con este método. (Fragmento de «Batalla inconclusa», de Gustavo Campana)